Según informó el ente judicial, no accederá a la petición “hasta que cuente con información suficiente y verificable respecto al cumplimiento de los requisitos legales sobre el estado avanzado del proceso de paz”, realizado con ese grupo armado conocido comúnmente como Clan del Golfo.
“La información remitida a la Fiscalía General por parte del Gobierno permite conocer el compromiso de ingreso de algunas personas a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), pero no permite verificar todavía el contenido de los acuerdos de paz, su cumplimiento efectivo, ni el universo de integrantes que quedaría bajo control institucional”, alegó.
Pidió el organismo conocer “avances sobre la desarticulación de las estructuras armadas, la suspensión de conductas contrarias al Derecho Internacional Humanitario, la entrega de menores víctimas de reclutamiento forzado, la ubicación de personas dadas por desaparecidas, la entrega de armas, la cesación de hostilidades contra la población civil”, entre otras cuestiones.
Hace cuatro días, el Gobierno informó que más de 400 integrantes del EGC comenzarían a partir del mes próximo su ingreso en las ZUT en espacios definidos para congregarlos en Tierra Alta, Córdoba y Nuevo Belén de Bajirá, Chocó, con vistas a su desmovilización.
Para tales efectos solicitó la suspensión de órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición, para que todo el procedimiento se realizara de la manera convenida.
El Gobierno de Colombia y el EGC instalaron de manera oficial en septiembre del pasado año, en Doha, Qatar, un mecanismo de negociaciones de paz, conocido aquí como Espacio Sociojurídico.
Mientras Qatar funge como principal mediador, el proceso cuenta asimismo con el apoyo de los gobiernos de España, Suiza, Noruega, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en de la Organización de los Estados Americanos, la Conferencia Episcopal de Colombia y el Consejo Mundial de Iglesias.
La negativa de la Fiscalía de suspender las órdenes de captura contra 29 miembros del EGC representa un obstáculo para concentrar a estos hombres en la ZUT, al no existir garantías de que no serán detenidos durante su traslado.
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