En un comunicado, el funcionario refirió que la suspensión de la ejecución de órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición, durante transcurso del desplazamiento y en permanencia en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), opera por mandato expreso de la ley y no por una valoración discrecional del referido ente.
Para su argumentación, citó el artículo ocho de la Ley 2272 de 2022 en la cual se dispone expresamente que, una vez acordadas las ZUT, “quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura” durante el desplazamiento hacia dichas zonas y durante la permanencia en las mismas.
“Se trata de una consecuencia jurídica definida directamente por el legislador como instrumento necesario para garantizar el desarrollo efectivo de los procesos de paz”, ahondó Patiño.
También agregó que la determinación sobre el estado avanzado de un proceso de paz y la decisión de crear una ZUT corresponde constitucional y legalmente al presidente.
Por último, apuntó que la paz exige seguridad jurídica, coherencia institucional y cumplimiento estricto de la ley por parte de todas las autoridades del Estado.
Hoy más temprano, la Fiscalía comunicó que se abstenía de suspender las órdenes de captura contra 29 miembros del EGC, conocido como Clan del Golfo, hasta contar “con información suficiente y verificable respecto al cumplimiento de los requisitos legales sobre el estado avanzado del proceso de paz”.
Pidió asimismo conocer “avances sobre la desarticulación de las estructuras armadas, la suspensión de conductas contrarias al Derecho Internacional Humanitario, la entrega de menores víctimas de reclutamiento forzado, la ubicación de personas dadas por desaparecidas, la entrega de armas, la cesación de hostilidades”, entre otras cuestiones.
Tras la comunicación, el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, ratificó por su parte que es él quien “ordena la política de paz”.
En su cuenta de la red social X escribió que “las zonas de concentración para la salida de combatientes se respetan por orden del presidente” y que, según dicta la ley, el jefe de Estado “puede suspender órdenes de extradición”.
Hace cuatro días, el Gobierno informó que más de 400 integrantes del EGC comenzarían a partir del mes próximo su ingreso en las ZUT establecidas en Tierra Alta, Córdoba y Nuevo Belén de Bajirá, Chocó, con vistas a su desmovilización.
Para tales efectos solicitó la suspensión de órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición, para que todo el procedimiento se realizara de la manera convenida.
El Gobierno de Colombia y el EGC instalaron de manera oficial en septiembre del pasado año, en Doha, Qatar, un mecanismo de negociaciones de paz, conocido aquí como Espacio Sociojurídico.
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