El presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Edwin Bedoya, afirmó que la presencia de los sindicalistas extranjeros permitió documentar «las violaciones constantes» a los derechos laborales en el país y sostuvo que «la persecución persiste».
Agradeció la presencia de delegados de organizaciones sindicales de América y Europa que durante tres días recogieron testimonios sobre despidos, criminalización de la protesta y otras denuncias presentadas por trabajadores ecuatorianos.
Los países de Latinoamérica que están evidenciando este tipo de violaciones tienen gobiernos de la derecha, que lo único que buscan es debilitar la organización sindical para dar paso a leyes y reformas que precarizan no solo las condiciones de los trabajadores, sino también que debilitan la democracia, afirmó Bedoya.
La secretaria general adjunta de la Confederación Sindical Internacional, Jordania Ureña, aseguró que la misión constató despidos masivos, obstáculos a la organización sindical y acciones antisindicales.
«Ecuador es uno de los peores países para hacer sindicalismo en el mundo», comentó Ureña.
El secretario de Fortalecimiento y Organización Sindical de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, Marcelo Di Stéfano, dijo que acudieron al Ministerio de Trabajo, donde no fueron recibidos por el titular del sector, Harold Burbano, sino por otros funcionarios.
No obstante, destacó que el Gobierno ecuatoriano finalmente confirmó su disposición a recibir una misión de contacto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mecanismo que fue solicitado hace tres años para definir una hoja de ruta orientada a modificar normas laborales y reforzar la protección de los dirigentes sindicales.
Di Stéfano advirtió que el movimiento sindical internacional vigilará que el Ejecutivo concrete la visita antes del inicio de la próxima Conferencia Internacional del Trabajo, prevista para el 1 de junio en Ginebra.
Además, mencionó que la misión internacional fue recibida por otros poderes del Estado ecuatoriano, como la Corte Nacional, la Corte Constitucional y representantes del Parlamento, aunque el oficialismo impidió que la Comisión de Trabajo dialogara con los sindicalistas.
Paralelamente, los representantes del sindicalismo mundial presentes en Quito expresaron preocupación por el reciente cierre de las cuentas bancarias de la Unión Nacional de Educadores (UNE).
El presidente de ese gremio, Andrés Quishpe, calificó la medida como un acto de persecución y aseguró que «se está preparando frente a los dirigentes de la UNE un falso positivo».
Quishpe anunció acciones legales contra la Superintendencia de Bancos del Ecuador y adelantó que el caso será presentado ante la OIT.
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