En rueda de prensa en las afueras del organismo judicial, en Quito, el asambleísta Héctor Rodríguez afirmó que el convenio con Washington vulnera varios artículos de la Carta Magna ecuatoriana, pues afectaría el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la economía popular y solidaria y la soberanía alimentaria.

Según el legislador, el tratado, firmado el 13 de marzo, otorga trato nacional a productores estadounidenses en las compras públicas e impide aplicar mecanismos de protección a la industria local y a sectores considerados estratégicos.

Rodríguez advirtió que el acuerdo también limita la transferencia tecnológica y podría afectar los saberes ancestrales y las prácticas de intercambio de semillas entre agricultores.

“Lo más crítico en esto es que va a desaparecer el cultivo de maíz, va a desaparecer el cultivo de soya”, sostuvo el parlamentario al alertar sobre los efectos que tendría la competencia con productos agrícolas estadounidenses subsidiados.

El legislador señaló que ese convenio, como otros que ha pactado el actual gobierno, fue negociado de forma reservada, sin participación de organizaciones sociales ni de la ciudadanía, pese a que sus disposiciones redefinen prioridades económicas y comerciales del país.

“De recíproco no tiene absolutamente nada, es totalmente asimétrico”, expresó Rodríguez, al insistir en que el acuerdo no superará el control de constitucionalidad.

El Gobierno de Ecuador ha asegurado que el denominado Acuerdo de Comercio Recíproco (ACR) firmado con Estados Unidos puede abrir oportunidades para la economía del país, pero el tratado genera preocupaciones y algunos lo consideran asimétrico.

El presidente Daniel Noboa y su equipo defendieron la iniciativa como una salida para aliviar la presión de los gravámenes impuesta por Washington y para facilitar la entrada de productos ecuatorianos al mercado estadounidense sin sobretasa arancelaria.

El tratado también incluye cooperación con Estados Unidos en sanciones y controles de exportación, así como temas que van más allá de lo comercial como energía, seguridad, política migratoria, cuestiones laborales y transferencia de autoridad de la agencia espacial al control civil para mayor participación estadounidense.

En medio de las críticas, el presidente Noboa afirmó en marzo pasado que el acuerdo «no es definitivo» y se renegociará en agosto.

El ACR aún no ha entrado en vigor, debe pasar primero un análisis de la Corte Constitucional ecuatoriana y posiblemente también por un debate en la Asamblea Nacional (Parlamento).

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