Con una amplia delegación política y diplomática de expertos acudió la República Bolivariana a las audiencias programadas por la CIJ en La Haya, Países Bajos, para participar en el juicio promovido por Guyana ante ese máximo tribunal internacional por el territorio en disputa de la Guayana Esequiba.

El canciller Yván Gil; el fiscal general Larry Lavoe; la procuradora de la República Arianny Viviana Seijo; el agente del Estado venezolano ante la Corte, Samuel Moncada, entre otras autoridades, acudieron al juicio, que tuvo como colofón la presencia de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Un comunicado oficial, publicado antes del inicio de las sesiones, fijó la posición de Venezuela al afirmar que las audiencias del “proceso incoado unilateralmente» por la nación vecina ante la CIJ, se realizan en claro desconocimiento y transgresión del Acuerdo de Ginebra y la legalidad internacional.

La nación sudamericana ratificó que “no reconoce la jurisdicción de la Corte en la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, ni la decisión que pueda adoptar sobre este asunto”.

En esa dirección, se pronunció la gobernante encargada al intervenir ante los 15 jueces del máximo tribunal de las Naciones Unidas, al defender el valor del derecho internacional como instrumento válido para, a través del diálogo político y las negociaciones, resolver los conflictos.

Rodríguez reivindicó los valores históricos de su país en esa disputa de más de 100 años, sustentados en evidencias probatorias y el Acuerdo de Ginebra de 1966, y consideró que “es hora de dar un paso adelante, no hay otro camino”.

“Estamos en el momento histórico para demostrar que el diálogo y la negociación son el camino para la convivencia, la felicidad y el bienestar de los pueblos”, reafirmó.

La mandataria expresó que Venezuela no podrá nunca avalar la violación del Acuerdo de Ginebra y la legalidad internacional, al validar una sentencia que pretenda desconocer un instrumento jurídico en vigor y depositado debidamente en las Naciones Unidas, e “iría contra el orden jurídico internacional”.

Enfatizó que la CIJ fue creada para resolver conflictos, no para alentarlos, y solo a través de la “solución política y negociada” de la controversia territorial se hallará el camino para sentar las bases sólidas y estables para la buena vecindad, cooperación, desarrollo económico compartido y la promoción de la inversión segura en la región.

Como solución de la controversia, Rodríguez propuso un encuentro bilateral al más alto nivel entre Caracas y Georgetown, auspiciado por actores relevantes de la región que será, sin duda alguna, “mucho más provechoso y efectivo para alcanzar ese objetivo”.

En este conflicto histórico, atizado luego del descubrimiento de riquezas petroleras por el país vecino en aguas territoriales sin delimitar, Guyana defiende ante la CIJ el Laudo Arbitral de París de 1899, el cual Caracas considera “nulo e írrito”.

Trascendente resultó también en la semana la aprobación por unanimidad en segunda discusión del Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual se inserta en un amplio proceso de transformación de todo el sistema judicial.

Pese a posiciones encontradas, los diputados de la Bancada de la Patria y de las facciones de oposición dirimieron las diferencias desde la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional (parlamento) y, a mano alzada en sesión ordinaria, votaron en forma unánime la normativa.

Luego de su aprobación en primera discusión la semana pasada, los parlamentarios sancionaron, finalmente, la reforma parcial, centrada en esencia, en su artículo ocho, aunque el 80 sufrió también algunas modificaciones.

El primero de los apartados estableció que la Sala Constitucional estará integrada por siete magistrados y las demás por cinco, y contará cada una con un secretario y un alguacil.

Es decir, permitirá que el TSJ pase a tener un total de 32 magistrados, de los actuales 20, siete en la Sala Constitucional y cinco en la Político Administrativa, Electoral, Casación Civil, Casación Penal y Casación Social.

Mientras, el artículo 80 definió que las Inspectorías de Tribunales, General de la Defensa Pública y la Escuela Nacional de la Magistratura “son órganos dependientes jerárquica, organizativa y funcionalmente de la Sala Plena” del Tribunal Supremo de Justicia.

Ante la “falta absoluta” en la dirección de esos órganos auxiliares, el parlamento designará un nuevo período, según procedimiento de la Ley en tanto se realiza la designación, que será suplido temporalmente por los suplentes correspondientes de cada órgano auxiliar.

Ahora, la aprobada ley, fue enviada a la presidenta encargada para que considere su promulgación, que fue aprobada en su primera discusión el pasado 5 de mayo, y entrará en vigor una vez sea publicado en la Gaceta Oficial de la República.

Al finalizar la sesión parlamentaria, al presidente del legislativo, Jorge Rodríguez, orientó al titular de la comisión especial de diputados, Giuseppe Alessandrello, que trabaja en la selección de nuevos magistrados vacantes al TSJ, a incorporar en la discusión la nueva composición de ese órgano aprobada el pasado martes.

En los últimos días, el Gobierno venezolano anunció el inicio de un proceso integral y ordenado de reestructuración de su deuda pública externa, así como de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A que tiene por objetivo central “poner la economía al servicio del pueblo venezolano y liberar al país de la carga de la deuda acumulada”.

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