Tras las recientes declaraciones de la flamante mandataria tica, Laura Fernández, quien aseveró la víspera que llevará el conflicto por las restricciones a las exportaciones agrícolas a la esfera diplomática, el Ministerio de Relaciones Exteriores(Mire) del ismo respondió que tiene la obligación de proteger la seguridad alimentaria.

En su comunicado, la cancillería de la nación canalera rechazó categóricamente cualquier narrativa que pretenda presentar la actual diferencia comercial como una acción unilateral o arbitraria por parte de Panamá.

“Nuestro país tiene el derecho y la obligación de proteger la salud pública, la seguridad alimentaria y los intereses de sus productores nacionales, actuando conforme al Derecho Internacional y a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”, precisa el texto.

Más temprano, Fernández expresó en conferencia de prensa que “estoy del lado de los productores costarricenses y no vamos a consentir ninguna desequilibrio en la comercialización y exportación de los productores de nuestro país”.

De acuerdo con el mensaje de la diplomacia panameña, sus productores y exportadores han enfrentado restricciones sanitarias y comerciales impuestas por las autoridades costarricenses, afectando de manera significativa a empresas, empleos y sectores.

En el documento, el Gobierno de Panamá reconoce que tanto la República de Panamá como la de Costa Rica son «países hermanos que han construido, bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino y del entonces presidente Rodrigo Chaves, una relación basada en el respeto, la confianza y la franqueza».

No obstante, la cancillería detalla que «diversas plantas panameñas, algunas con más de una década exportando exitosamente a Costa Rica y a mercados altamente exigentes como China, Japón y el Caribe, fueron inhabilitadas o vieron suspendidos sus permisos sin soluciones concretas, pese a múltiples gestiones técnicas y diplomáticas realizadas por Panamá».

La cancillería señala en el documento que «Panamá ha privilegiado permanentemente el diálogo técnico y diplomático», pero también «solicitó evaluaciones técnicas recíprocas de los sistemas sanitarios, a las cuales Costa Rica posteriormente decidió no someterse».

Ante esta situación, el Mire confirmó mediante el mensaje que «el recurso de apelación presentado por Panamá ante la OMC constituye el ejercicio legítimo de un derecho reconocido por el sistema multilateral de comercio y debe entenderse dentro del marco institucional y jurídico internacional».

El Ejecutivo aseguró que «continuará defendiendo, con serenidad, firmeza y dignidad, sus legítimos intereses comerciales y sanitarios, promoviendo siempre una relación bilateral basada en la reciprocidad, la buena fe y el respeto mutuo».

La presidenta costarricense por su parte, instruyó a su canciller Manuel Tovar para activar mecanismos de diplomacia internacional y acciones internas que presionen por una solución.

El endurecimiento en la postura de San José ocurre en un contexto de reciente intercambio protocolar entre ambas naciones, con la visita del presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, quien asistió a la toma de posesión de Fernández, el pasado 8 de mayo.

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