La iniciativa fue respaldada por unanimidad de votos con el apoyo de las cinco bancadas representadas en el Legislativo.

Los cambios al Código Penal y Procesal Penal incluyen la clasificación de maras y pandillas como asociaciones terroristas.

Entre los puntos más severos destaca la aplicación de cadena perpetua en delitos de extorsión cuando estos deriven en la muerte de una persona.

Quienes participen en este tipo de actividades criminales podrían enfrentar condenas de hasta 20 años de prisión, según trascendió.

Las modificaciones también contemplan sanciones más severas para personas que utilicen uniformes o indumentaria policial con el propósito de cometer delitos.

El objetivo, de acuerdo con los congresistas, es combatir prácticas utilizadas por estructuras criminales para engañar o intimidar a la población.

Además de las reformas penales, el Congreso avaló medidas encaminadas a la construcción de nuevos centros penitenciarios como parte de la estrategia de seguridad impulsada por las autoridades.

En opinión del abogado Fernando González, el endurecimiento de los correctivos no representa una solución efectiva para frenar la delincuencia común ni el crimen organizado en esta nación centroamericana.

En declaraciones a medios de comunicación, el profesional del derecho sostuvo que la estrategia actual se enfoca en la reacción y no en la prevención, lo que, a su juicio, limita el impacto de cualquier cambio legislativo.

“No es aumentando las penas que se va a detener la criminalidad, sino implementando sistemas sólidos de prevención e investigación”, afirmó.

González comparó la situación de Honduras con países como El Salvador y Costa Rica, donde se desarrollaron modelos más avanzados en materia preventiva, y lamentó que el país continúe rezagado en la construcción de políticas públicas dirigidas a anticipar el delito.

Una de las cuestiones más polémicas de sus afirmaciones fue la crítica a la clasificación de maras y pandillas como organizaciones terroristas.

Aunque aclaró que no defiende a estos grupos, señaló que esta medida debe ir acompañada de acciones similares contra la corrupción, la cual, opinó, genera un daño equiparable o incluso mayor al de las estructuras criminales tradicionales, enfatizó.

“Así como se pretende declarar terroristas a los pandilleros, también debería considerarse terroristas a los delincuentes de cuello blanco que saquean el erario público”, expresó.

Advirtió que catalogar como terroristas a miembros de maras podría responder más a una estrategia de impacto mediático e internacional, alineada con decisiones adoptadas por Estados Unidos, que a una política integral de seguridad.

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