La iniciativa fue presentada por el gobierno de José Antonio Kast con el supuesto propósito de incentivar las inversiones y crear nuevos puestos de trabajo, si bien varios economistas advierten que las ventajas fiscales no generan automáticamente ese efecto.

Entre lo aprobado este miércoles figuran la disminución del impuesto de primera categoría del 27 al 23 por ciento para las corporaciones y eximir del pago de contribuciones de la vivienda principal a los adultos mayores de 65 años, independientemente de su estatus económico.

Además, contempla disminuir el plazo para la aprobación de nuevos proyectos industriales, aún a costa de sacrificar normativas medioambientes, así como facilidades para la repatriación de capitales.

También establece una invariabilidad tributaria de 25 años, lo cual impediría a los próximos cinco gobiernos modificar o anular estas normas durante ese plazo.

Entre los escasos beneficios sociales que diputados progresistas y de izquierda lograron introducir está la creación de la Sala Cuna Universal, que estimularía el empleo femenino, si bien el gobierno ya advirtió su intención de impugnarlo ante el Tribunal Constitucional.

Tras los resultados, el presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, del extremista Partido Republicano, habló de un cambio de rumbo para el país y afirmó que “hoy, Chile comienza a pavimentar un nuevo futuro para su pueblo”.

En respuesta, la jefa de la bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, acusó que ese no es un proyecto de reconstrucción nacional, sino más bien para consagrar los privilegios de los más ricos.

Serrano agregó que “hoy empezó el plan de desmantelamiento del Estado”.

La iniciativa pasará ahora al Senado de Chile, donde se espera una discusión más a fondo de su contenido.

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