La legislación recibió 79 votos a favor y fue presentada por el oficialismo y colectivos ciudadanos como un marco para regular el uso sostenible del mar, proteger ecosistemas sensibles y preservar las denominadas zonas de rompiente de olas.

El presidente del Parlamento, Niels Olsen, afirmó que la normativa permitirá reconocer a las olas y ecosistemas marinos “como patrimonio natural” y sostuvo que el país “se adelanta al mundo” en gobernanza costera.

No obstante, la aprobación generó críticas desde la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), que advirtió sobre posibles impactos para comunidades pesqueras y riesgos relacionados con actividades extractivas en el lecho marino.

La asambleísta Verónica Iñiguez, de la RC, señaló que el proyecto inicial estaba enfocado en la protección de olas rompientes, pero posteriormente incorporó disposiciones que permitirían exploraciones y eventuales explotaciones mineras en el fondo marino.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria alertó que la ley crea un comité interinstitucional con competencias centralizadas para aprobar proyectos extractivos sin tomar en cuenta a las comunidades costeras. Según explicó, el mecanismo permitiría realizar exploraciones marinas para determinar la existencia de minerales y posteriormente autorizar explotaciones en el fondo submarino si se consideran proyectos estratégicos.

“Lo que están celebrando allá adentro es nuevamente otra venta de nuestros recursos comunes, porque le pertenecen al pueblo ecuatoriano”, agregó Iñiguez.

El Parlamento indicó que la normativa se alinea con convenios internacionales como la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 relacionado con la vida submarina.

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