Las alertas surgieron este viernes durante una audiencia de apelación oral en la que Campoverde, integrante del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad y considerado un preso político, afirmó sufrir aislamiento, restricciones para comunicarse con abogados y familiares, privación de alimentos y agresiones por parte de militares.
En su testimonio el detenido en la penitenciaría emblemática del Gobierno de Daniel Noboa dijo haber sido víctima de violencia sexual cometida por dos miembros del Ejército ecuatoriano ya identificados.
El equipo de defensa presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por el presunto delito de abuso sexual y exigió medidas de protección e investigación inmediata.
Hasta el momento, ni el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), ni el Ministerio de Defensa, ni la Fiscalía General se han pronunciado sobre este caso.
La activista Sybel Martínez señaló que, de confirmarse los hechos, se trataría de “gravísimas violaciones a los derechos humanos incompatibles con cualquier Estado de derecho”.
Por su parte, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos sostuvo que el caso de Campoverde refleja el incremento de denuncias de tortura en el país.
Según la organización, entre enero de 2024 y abril de 2026 Ecuador registró 369 noticias del delito de tortura, cifra superior a las 255 contabilizadas durante los cinco años anteriores, entre 2019 y 2023.
“Denunciamos la impunidad frente a denuncias de tortura en Ecuador”, señaló la Alianza en su cuenta de la red social X, donde expresó solidaridad con Campoverde y su familia.
Campoverde, junto con su esposa, Gabriela Gallardo, y Carlos Caiza, permanecen encarcelados sin sentencia.
Ellos integran el Movimiento Guevarista, colectivo de izquierda que realiza actividades de formación y capacitación política.
En mayo de 2022 la Policía realizó allanamientos simultáneos en varias provincias de Ecuador y detuvieron a nueve integrantes de la organización y la Fiscalía los acusó de presunta trata de personas con fines de reclutamiento para grupos armados irregulares.
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