La autoridad lamentó el crecimiento sostenido de los conflictos, alertó sobre el desgaste institucional y consideró necesario fortalecer urgentemente el diálogo y la prevención.

En entrevista concedida al diario La Razón, Calisaya informó que en 2025 el país andino amazónico registró 807 conflictos, la cifra más alta del último quinquenio.

Al referirse a 2026, precisó que hasta el mes en curso ya se contabilizan 295 casos, en una atmósfera caracterizada por protestas vinculadas al abastecimiento de combustibles; la escasez de dólares, el incremento del precio de productos de la canasta básica familiar y disputas políticas.

El defensor del pueblo describió que el Estado Plurinacional mantiene un promedio de 362 conflictos anuales, casi uno diario, en algún punto del país.

Opinó al respecto que esta situación refleja la persistencia de demandas estructurales no resueltas, y una ciudadanía cada vez más exigente sobre derechos y respuestas estatales.

“La conflictividad estuvo vinculada principalmente a temas económicos, acceso a servicios básicos, empleo, abastecimiento y desacuerdos políticos”, según enumeró en la entrevista.

Consideró que el incremento de las protestas no debe interpretarse únicamente como un problema de orden público, sino también como una expresión de necesidades sociales insatisfechas.

Informó que uno de los asuntos que más preocupan a la Defensoría, es el empleo recurrente de los bloqueos como principal medio de presión.

Según el reporte defensorial, cerca del 30 por ciento de las acciones conflictivas registradas en 2024 fueron bloqueos de caminos y vías urbanas.

Atribuyó esta situación a la falta de respuestas oportunas del Estado y al incumplimiento de acuerdos, sobre lo cual mencionó como factores negativos la lentitud, la burocracia y el incumplimiento de lo pactado, que genera frustración en la respuesta sobre derechos fundamentales.

Acotó, sin embargo, que toda acción de protesta debe desarrollarse dentro del respeto a los derechos humanos y sin afectar desproporcionadamente a terceros.

Deploró también la Defensoría recientes agresiones durante las protestas en que diversos sectores piden la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, contra periodistas, policías, civiles e instituciones públicas.

Callisaya mencionó que, igualmente, se observa un deterioro simultáneo de la estabilidad económica y la confianza democrática.

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