“Hacemos un llamado urgente a que cesen las políticas de bloqueo económico y cualquier forma de injerencia externa contra Cuba, privilegiando mecanismos de entendimiento que permitan avanzar hacia relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y la paz”, dice la misiva.

Consideramos que las políticas de bloqueo y asfixia económica han generado graves consecuencias humanitarias para el pueblo cubano, apuntan.

Y detallan que afectan “de manera directa el acceso a derechos fundamentales como la salud, la alimentación, la educación y el bienestar de millones de ciudadanos, especialmente de los sectores más vulnerables”.

“Advertimos además que la profundización de estas medidas y cualquier amenaza de intervención solo contribuyen a aumentar las tensiones en la región, debilitando los esfuerzos de integración, estabilidad y convivencia pacífica en América Latina y el Caribe”.

Resulta inaceptable que, en pleno siglo XXI, persistan acciones que desconocen los principios del derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía de los Estados consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, refiere la misiva.

La carta está firmada por 13 senadoras senadores y 15 diputadas y diputados que manifiestan a sus colegas estadounidenses su “profunda preocupación y rechazo frente a la continuidad de las medidas de presión económica y las restricciones unilaterales contra la isla caribeña.

También “por las recientes declaraciones que contemplan escenarios de intervención contra la República de Cuba”.

“Reconocemos y valoramos las voces dentro de la comunidad internacional y del Congreso de los Estados Unidos que han promovido caminos distintos a la confrontación, apostando por el diálogo, la cooperación y la búsqueda de soluciones diplomáticas”, sostienen en el texto.

Los legisladores frenteamplistas reiteraron el compromiso “con la defensa de la soberanía de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y la construcción de una región latinoamericana unida, libre de amenazas y de medidas coercitivas que afectan a las poblaciones civiles”.

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