La primera vicepresidenta de la Asamblea, la legisladora Mishel Mancheno, de ADN, entregó este lunes la propuesta al presidente del organismo parlamentario, Niels Olsen.

La iniciativa, oficialmente denominada Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, busca modificar el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Ley de Extinción de Dominio y el Código Orgánico de la Función Judicial.

Según Mancheno, el texto parte de la premisa de que las organizaciones criminales operan mediante estructuras complejas, sostenidas por redes de apoyo que incluyen financistas, reclutadores, facilitadores de inmuebles, transportistas y personas encargadas del lavado de activos.

En ese sentido, la propuesta busca ampliar el alcance de la persecución penal para incluir no solo a los cabecillas y ejecutores directos, sino también a quienes sostienen la logística de las organizaciones delictivas.

Entre los cambios planteados figura una redefinición del delito de delincuencia organizada para identificar funciones específicas dentro de las estructuras criminales, como dirección, financiamiento, planificación, reclutamiento y colaboración externa.

Asimismo, incorpora sanciones para quienes faciliten casas, bodegas, vehículos, caletas o cualquier infraestructura utilizada por grupos delictivos, así como para quienes recluten personas con fines criminales.

La iniciativa también propone reforzar las penas relacionadas con el tráfico ilegal de hidrocarburos, gas licuado de petróleo y biocombustibles.

Entre las nuevas figuras se contempla castigar, con entre siete y 10 años de prisión, la paralización injustificada de los servicios de expendio o distribución de combustibles.

Respecto al sistema judicial, el proyecto plantea establecer responsabilidad disciplinaria para jueces que no motiven adecuadamente sus decisiones sobre prisión preventiva en casos graves e inhabilitar para el ejercicio profesional a abogados condenados por delitos vinculados con crimen organizado o lavado de activos.

El ministro del Interior, John Reimberg, que acudió este lunes a la Asamblea y estuvo durante la presentación del proyecto, calificó la propuesta como una de las reformas de seguridad más importantes de los últimos años y aseguró que permitirá cerrar vacíos legales aprovechados por las mafias.

La iniciativa comenzará ahora su trámite en la Asamblea Nacional, donde deberá ser analizada y debatida.

La abogada Mónica Luzárraga consideró que la propuesta oficialista constituye «más populismo penal, más verborrea, y cero soluciones» ante la crisis de seguridad que vive el país.

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