Partidario de las políticas tradicionalmente calificadas “de derecha”, Alarcón propuso este lunes la realización de un referéndum revocatorio extraordinario para el presidente, el vicepresidente y los integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), como una alternativa para rebasar la crisis política y social que asfixia al país.

En redes sociales, el diputado afirmó que la actual confrontación entre el Gobierno y los sectores movilizados que piden la renuncia del jefe de Estado, Rodrigo Paz, mantiene a Bolivia en un “callejón sin salida”, y advirtió que la violencia no puede convertirse en una vía para cambiar autoridades.

De acuerdo con la iniciativa, la consulta incluiría al mandatario, al vicepresidente y a los legisladores titulares y suplentes.

Añadió Alarcón que si la mayoría vota por mantener a las autoridades, estas concluirían su mandato en 2030, pero en caso de imponerse la revocatoria, se convocaría a nuevas elecciones generales.

En su criterio, el Órgano Legislativo no puede permanecer al margen mientras los ciudadanos sufren las consecuencias de los bloqueos.

Calificó de “estancado” el diálogo impulsado por el Ejecutivo debido a que los sectores movilizados mantienen como principal exigencia la renuncia del mandatario Paz.

Asimismo, recordó que la ALP abrogó recientemente la Ley 1341 que limitaba las facultades de la Policía y el Ejército en la represión durante las situaciones de crisis, decisión de la cual fue uno de los principales impulsores.

La Ley 1341 nació de un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que tras una investigación dictaminó que hubo masacres tras el derrocamiento del Gobierno de Evo Morales en 2019, en Senkata, Sacaba, Huayllani y el Pedregal, con saldo de 37 muertes.

Dentro de otras limitantes para el poder, establecía que las Fuerzas Armadas solo pueden salir cuando el potencial de la Policía es rebasado, y ni unos ni otros serán eximidos de responsabilidad penal ni disfrutarán de impunidad.

Como antecedente directo, la Ley 1341 tuvo el decreto supremo 4078 (conocido como “de la muerte”), rubricado por la gobernante Jeanine Áñez cinco días después del derrocamiento del expresidente Morales el 10 de noviembre de 2019, que exoneraba de toda responsabilidad penal a policías y militares por cualquier exceso en la represión.

Resultado directo de esta decisión fueron los acontecimientos de Sacaba, Senkata, Huayllani y el Pedregal, con saldo de 37 muertos, centenares de heridos, miles de detenidos ilegalmente y torturados, según el informe del GIEI.

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