La medida de presión fue iniciada por la senadora Ana María Crispín y el diputado Rodolfo García, ambos del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y este martes permanecen en lechos contiguos a los de ellos en el piso de la Sala Multipropósito de la ALP los legisladores Víctor Huaranca, Patricia Patiño y Sonia Siñani.
Ante la prensa, Crispín criticó al Gobierno y afirmó que “las torpezas que han cometido estos días han generado que las organizaciones sociales se manifiesten y no quieran dialogar(…)”.
Subrayó que los huelguistas tienen la esperanza de que sí se puede hacer, “pero no es que estén en el escritorio y que vengan, es que ellos vayan a buscar estos espacios”.
De su lado, Patiño dio un ultimátum al jefe de Estado, Rodrigo Paz, para que establezca un diálogo con los sectores movilizados.
“Baje a hablar con las organizaciones sociales, porque su gabinete no es creíble y usted ahorita, tampoco es creíble, pero por lo menos tendría un poquito de fe para bajar a las bases y dar soluciones (…)», enfatizó.
Los cinco diputados en huelga de hambre coincidieron en el rechazo a la posibilidad de decretar el estado de excepción solicitado por los sectores más radicales de la derecha como medida pacificadora del país, asfixiado por marchas y bloqueos en que diversos sectores sociales exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
A pocas cuadras de la ALP, en la sede de la Defensoría del Pueblo, comenzaron similar medida extrema hace 11 días las amas de casa Andrea Manríquez, María Oporto y Ruth Huanca, quienes se sostienen solo mediante la masticación de hojas de coca.
Entrevistada por Prensa Latina en el lecho donde sostiene esta forma de protesta, Huanca criticó la derogación de la Ley 1341, la cual cerraba el paso a la impunidad de policías y militares en la represión durante la protesta social.
La huelguista explicó a esta agencia de noticias que la Ley 1341 nació de un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que tras una investigación dictaminó que hubo masacres tras el derrocamiento del Gobierno de Evo Morales en 2019 en Senkata, Sacaba y Huayllani, con saldo de 37 muertes.
Afirmó que las tres consideran que al abrogar la 1341 se intenta abrir un espacio para violar derechos constitucionales civiles, políticos y humanos como el fuero sindical, además del uso abusivo y excesivo de los instrumentos represivos del Estado.
Concluyó Huanca que, desde su lecho de huelga, las tres llaman al presidente Rodrigo Paz a que no destruya el Estado Plurinacional, no asuma medidas que calificó de proimperialistas y que puedan destruir derechos civiles y políticos.
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