La solicitud del enjuiciamiento era impulsada por los asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) Blasco Luna y Lenín Barreto, quienes atribuyen a Manzano responsabilidad política en contrataciones relacionadas con la empresa estadounidense Progen.
Dichos convenios con la compañía extranjera están bajo investigación de la Fiscalía por un presunto perjuicio económico de más de 100 millones de dólares.
Este sábado, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento), que sesionó de manera virtual, seis abstenciones de los legisladores afines al Ejecutivo impidieron avanzar con el proceso contra Manzano.
La decisión se produce en medio de una creciente controversia por el denominado caso Progen y tras la difusión la semana pasada de audios que apuntarían a una supuesta coordinación entre la entonces ministra Manzano y la legisladora de ADN Diana Jácome para controlar el proceso de fiscalización parlamentaria.
Tras la difusión de los audios, el asambleísta Blasco Luna afirmó que esas conversaciones respaldan las denuncias que la oposición ha realizado durante meses sobre supuestos obstáculos al control político.
Jácome rechazó las acusaciones y aseguró que no existe ningún mensaje ni grabación de su autoría relacionado con el caso, sin embargo, evitó pronunciarse sobre el contenido de las conversaciones atribuidas a Manzano.
Después de la votación de este sábado, la Comisión de Fiscalización emitió un comunicado en el que sostuvo que corresponde a la Fiscalía determinar eventuales responsabilidades penales, administrativas o civiles derivadas de los contratos con Progen.
“Con su mayoría en la Comisión de Fiscalización bloquearon el juicio político contra Inés Manzano para proteger al gobierno del escándalo Progen”, afirmó la parlamentaria Ana Herrera, de la RC.
Barreto, por su parte, señaló que el bloqueo evidencia una falta de voluntad para investigar el caso.
La también legisladora de la RC Viviana Veloz se sumó a las críticas a la decisión de este sábado, que en su opinión demuestra los esfuerzos para evitar que las responsabilidades por el caso alcancen a niveles superiores del Gobierno.
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