El juez federal de distrito Leo Sorokin, en Boston, revocó este lunes la tarifa de 100 mil dólares que impuso a las nuevas visas H-1B para trabajadores extranjeros altamente cualificados, al concluir que la medida constituía un impuesto que no contaba con autorización del Congreso.

De esta forma, Sorokin dio respuesta a una demanda presentada por los fiscales generales demócratas de 20 estados, quienes cuestionaron la legalidad del gravamen anunciado por Trump en septiembre pasado.

El monto elevaba de forma significativa el costo para que empresas y empleadores estadounidenses contrataran trabajadores extranjeros especializados mediante el programa de visas H-1B, que se utiliza generalmente en las ramas de la tecnología, ingeniería, medicina e investigación científica.

En su conclusión, el juez dijo que no podía considerarse una multa o sanción administrativa, sino un impuesto, el cual, bajo la Constitución de Estados Unidos, solo tiene facultad para crearlos el Congreso y no al Poder Ejecutivo.

Por esa razón, determinó que tanto el Departamento de Estado como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) carecían de autoridad para aplicar tal gravamen.

Otro letrado federal derogó el viernes de la semana pasada una política del Gobierno de Trump promulgada tras el ataque a tiros contra dos miembros de la Guardia Nacional, que le hacía más difícil a inmigrantes de decenas de países permanecer en Estados Unidos.

El magistrado John McConnell Jr. afirmó que la política “arrojó las vidas de incontables inmigrantes que viven en Estados Unidos a un limbo legal indeterminado”, y acusó al Uscis de ignorar la ley.

Al promulgar sus más recientes políticas migratorias, el Uscis se atribuye una autoridad estatutaria y reglamentaria que no posee; toma decisiones sin las explicaciones razonadas que debe proporcionar, y actúa sin considerar los intereses de confianza de los solicitantes que debe tener en cuenta, escribió.

Además, “justifica sus acciones con preocupaciones pretextuales de ‘seguridad nacional’ que encubren sentimientos antiinmigrantes cuya influencia en su toma de decisiones tiene prohibido permitir”, subrayó McConnell.

“En términos legales, eso significa que las acciones del Uscis son contrarias a la ley y arbitrarias y caprichosas”, afirmó.

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