El presidente del Parlamento, Niels Olsen, convocó para este lunes a una sesión destinada a conocer el informe de fiscalización del denominado caso Sucre-Foglocons y un día después, el pleno analizará la denuncia del tratado constitutivo del Sucre, impulsada por el presidente Daniel Noboa.

Ese sistema fue creado en 2009 por los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) como un sistema de compensación comercial que permitía realizar intercambios sin utilizar dólares.

No funcionaba como una moneda física, sino como una unidad virtual administrada por los bancos centrales de los países participantes.

La solicitud para abandonar formalmente el mecanismo fue remitida por Noboa a la Asamblea el pasado 21 de mayo.

El debate ocurre después de que la Comisión de Fiscalización retomara una investigación sobre operaciones realizadas mediante el sistema y sobre las actividades de la empresa Fondo Global de Construcción (Foglocons), vinculada al empresario Álex Saab, exministro de Venezuela deportado a Estados Unidos.

El informe legislativo sostiene que el mecanismo habría sido utilizado en operaciones presuntamente irregulares y recomienda remitir la documentación recopilada a la Fiscalía General del Estado para que determine posibles responsabilidades.

Desde la oposición, la asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Bertha Vélez reconoció que el sistema dejó de funcionar hace años, pero sostuvo que las denuncias sobre presunto lavado de dinero deben ser investigadas por la justicia y no por el Parlamento.

En medio de la controversia, el expresidente Rafael Correa (2007-2017) rechazó las acusaciones dirigidas contra su administración, que fue la que implementó el Sucre.

“Culpar de los abusos del sistema único de compensación regional -Sucre- a mi Gobierno, es como culpar por el lavado de dinero a todos los banqueros o como culpar por la droga en contenedores de bananas a todos los exportadores bananeros. Ya estamos acostumbrados”, escribió Correa en la red social X.

La intención de retirar a Ecuador del sistema comenzó durante el gobierno de Guillermo Lasso y en el 2022 la Corte Constitucional determinó que el abandono del tratado requiere la aprobación previa de la Asamblea Nacional.

dfm/avr