Organizado por el Instituto Brasileño de Minería (IBRAM), el Seminario Internacional de Minerales Críticos y Estratégicos 2026 reunirá durante dos días a representantes del Gobierno, parlamentarios, empresarios y especialistas del sector.
El objetivo del evento, según sus organizadores, es analizar oportunidades, desafíos y tendencias vinculadas a recursos considerados esenciales para la transición energética y el desarrollo tecnológico.
La cita se celebra en un contexto marcado por el aumento de la demanda mundial de recursos de ese tipo utilizados en baterías, semiconductores y tecnologías limpias.
Además, tiene lugar en un escenario de tensiones geopolíticas que influyen en las cadenas de suministro y en las estrategias de industrialización de distintos países.
Uno de los temas centrales será el avance en el Senado del proyecto de ley que busca crear la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos, una iniciativa destinada a fortalecer la participación brasileña en ese mercado y a estimular la agregación de valor dentro del territorio nacional.
Entre los participantes figuran el director-presidente del IBRAM, Pablo Silva Cesário; la secretaria nacional de Geología, Minería y Transformación Mineral del Ministerio de Minas y Energía, Ana Paula Lima Vieira Bittencourt; y el diputado federal Arnaldo Jardim, relator del proyecto sobre minerales críticos.
La propuesta legislativa, impulsada por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ampliar la coordinación estatal sobre la explotación y procesamiento de esos recursos, prevé la creación de un Consejo Nacional para la Industrialización de Minerales Críticos y Estratégicos.
Ese órgano, vinculado a la Presidencia de la República, tendría amplias atribuciones para formular políticas públicas, definir qué recursos serán considerados críticos y elaborar planes nacionales para su aprovechamiento, en consonancia con el interés del mandatario en que sean un motor de desarrollo.
Sin embargo, el portal Carta Capital advirtió que el proyecto enfrenta resistencias dentro del propio Gobierno, en especial en el Ministerio de Minas y Energías, y también en el sector privado, particularmente en el propio IBRAM, que representa a las grandes empresas mineras.
De acuerdo con el medio, la información que circula en el Senado indica que el instituto se opone a la estructura del consejo y que, como mínimo, desearía reducir sus responsabilidades.
La resistencia conjunta del Ministerio y el IBRAM es una de las razones por las que la propuesta de ley ya aprobada en la Cámara de Diputados lleva un mes estancada en el Senado, advirtió la publicación.
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