En declaraciones a la prensa durante una gira por la occidental provincia de Bocas del Toro, el mandatario aseguró que su administración actuará con firmeza frente a esos delitos y reiteró que los responsables deberán responder ante la justicia.

Mulino explicó que el sistema informático de la DGI presentaba vulnerabilidades y precisó que esa institución, junto con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), ejecuta acciones para reforzar su seguridad.

El gobernante sostuvo que el perjuicio al erario público asciende a varios millones de dólares y señaló que, además de funcionarios, pudieron participar personas del sector privado, beneficiadas por la comercialización de créditos fiscales fraudulentos.

A juicio del jefe de Estado, el principal desafío no radica en la falta de normas, sino en garantizar su cumplimiento efectivo, al tiempo que alertó sobre el impacto de esos hechos en la imagen internacional del país.

Consultado sobre procesos judiciales contra exfuncionarios de la pasada administración, entre ellos el exdirector de la Autoridad Marítima de Panamá Noriel Araúz, Mulino abogó por el respeto al debido proceso, aunque pidió que las investigaciones concluyan con celeridad.

Las declaraciones del mandatario siguieron al desarrollo de la operación Pandora, mediante la cual el Ministerio Público desmanteló una supuesta organización integrada por particulares y funcionarios de la DGI.

La investigación, dirigida por la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, incluyó 23 allanamientos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé.

De acuerdo con las autoridades, la estructura criminal presuntamente manipulaba el sistema E-Tax para apropiarse de créditos fiscales y comercializarlos posteriormente a una entidad crediticia, en una operación que afectó cuentas por más de 40 millones de dólares.

En otro orden, Mulino respaldó la designación de Chanan Singh al frente del sistema penitenciario y afirmó que cuenta con experiencia para enfrentar los problemas de organización y corrupción en las cárceles del país.

Asimismo, denunció el ingreso de drogas y armas a los centros penitenciarios por complicidad de funcionarios y mediante drones, e informó que el Gobierno implementa mecanismos para bloquear el espacio aéreo y las señales de telefonía móvil en los alrededores de esas instalaciones, con el propósito de impedir esas actividades ilícitas.

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