En redes sociales circula la convocatoria para acudir a la sede del organismo electoral, en Quito, a solicitar los documentos para iniciar el procedimiento de impugnación del mandato de Noboa y también de la vicepresidenta, María José Pinto.

En Ecuador, la revocatoria es un mecanismo constitucional que permite a los ciudadanos remover a autoridades electas, como alcaldes, prefectos, asambleístas, y hasta el jefe de Estado antes del fin de su período.

Para implementar ese proceso debe haber transcurrido el primer año de mandato, que en el caso de Noboa se cumplió el pasado 24 de mayo.

La víspera, Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), una de las organizaciones que apoya el proceso para impugnar al gobernante, advirtió que para avanzar con esa solicitud es necesaria la unidad.

El dirigente sindical señaló que ninguna organización o persona puede atribuirse la propiedad de la iniciativa de revocatoria de mandato, ya que se trata de un derecho consagrado en la Constitución y que pertenece a todos los ecuatorianos.

“Hemos hecho varios llamados a la unidad porque no se puede priorizar únicamente la revocatoria como una acción central. Debemos impulsar una agenda más amplia para enfrentar las falencias del Gobierno y los ataques contra las organizaciones sociales”, sostuvo.

Los argumentos principales para reclamar la salida de Noboa del poder se centran en el presunto incumplimiento de su plan de trabajo, el deterioro de la seguridad, el desempleo o trabajo informal, la crisis energética, la precariedad de la salud pública y el alza en el costo de vida, según han mencionado dirigentes sociales.

Para que la iniciativa avance a una consulta popular, son necesarias las firmas del 15 por ciento del padrón electoral, es decir, dos millones de firmas válidas.

El abogado Washington Andrade, uno de los voceros e impulsores del procedimiento, afirmó que las encuestas actuales determinan que más del 70 por ciento de los ciudadanos desaprueba la gestión gubernamental y más del 61 por ciento está dispuesto a firmar los formularios de revocatoria.

De acuerdo con Andrade, esa es la “única alternativa ciudadana” frente al deterioro institucional, los cuestionamientos al Gobierno y el bloqueo a procesos de fiscalización, como el caso Progen, escándalo de corrupción por contratos fallidos en el sector eléctrico.

“El gobierno tiene operadores políticos, tenemos confianza en que respeten lo que la ciudadanía está solicitando, caso contrario, tenemos derecho a la resistencia como dicta la Constitución”, expresó en una entrevista radial Guido Perugachi, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin).

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