La iniciativa busca proporcionar a senadores, diputados y equipos técnicos instrumentos para identificar brechas, evaluar el impacto de las normas sobre distintos grupos de la población y fortalecer la inclusión de la perspectiva de género en los procesos legislativos.

Durante el acto de presentación, representantes de ambas cámaras legislativas destacaron que la guía contribuirá a mejorar la calidad de la producción normativa y a fortalecer el análisis de los proyectos de ley desde una óptica de derechos e inclusión.

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, afirmó que las leyes desempeñan un papel fundamental en la construcción de sociedades más justas y señaló que la herramienta ofrece criterios prácticos para evaluar cómo las disposiciones legales pueden impactar a distintos sectores de la población.

Reyes recordó avances impulsados en los últimos años en materia de derechos, entre ellos la prohibición del matrimonio infantil mediante la Ley 1-21, y destacó la necesidad de continuar fortaleciendo los marcos normativos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades.

La guía fue entregada a representantes de las comisiones legislativas encargadas de asuntos de familia y equidad de género, como parte de una estrategia más amplia dirigida a fortalecer la incorporación transversal de la equidad entre hombres y mujeres en las instituciones del Estado.

Aunque la República Dominicana registra avances en materia de derechos e inclusión, persisten brechas de género en ámbitos clave del desarrollo social y económico.

Una de las principales se observa en el mercado laboral, donde ellas, en promedio, perciben ingresos inferiores a los de los hombres.

Otra desigualdad está relacionada con el trabajo de cuidados no remunerado. Las mujeres asumen la mayor parte de las responsabilidades domésticas y de atención a niños, adultos mayores y personas dependientes, lo que limita sus oportunidades de empleo y desarrollo profesional.

La violencia de género sigue siendo asimismo un desafío para el país. Los feminicidios y otras formas de violencia continúan requiriendo acciones de prevención, protección y acceso efectivo a la justicia.

También persisten diferencias en la representación y el acceso a espacios de liderazgo. Aunque ha aumentado la participación femenina en la política y otros ámbitos, este grupo de la población tiene una presencia menor en puestos de toma de decisiones dentro de las instituciones públicas y el sector privado.

A ello se suman retos como el embarazo adolescente y las desigualdades territoriales, que afectan con mayor intensidad a las féminas de las zonas rurales, donde el acceso a empleo formal, financiamiento y servicios especializados suele ser más limitado.

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