La defensora de derechos Sybel Martínez informó que la decisión fue adoptada por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de la provincia de Santa Elena, entidad que rechazó el recurso por considerar que faltan pruebas para sustentar las denuncias.
Tras conocerse el fallo, Martínez cuestionó la resolución y sostuvo que las acusaciones formuladas por Campoverde, dirigente del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad, merecen una investigación exhaustiva.
“Cuando una persona denuncia haber sido torturada y abusada sexualmente bajo custodia del Estado, lo mínimo que merece es una investigación seria y una protección efectiva”, manifestó.
Las denuncias fueron expuestas inicialmente a finales de mayo durante una audiencia de apelación oral, en la que Campoverde afirmó haber sido sometido a aislamiento, restricciones para comunicarse con abogados y familiares, privación de alimentos y agresiones por parte de militares.
Durante una audiencia judicial realizada este miércoles, el activista reiteró un relato en el que describió actos de tortura física y violencia sexual cometidos por agentes estatales.
Según su testimonio, las agresiones comenzaron cuando intentó explicar a sus custodios que no pertenecía a ningún grupo de delincuencia organizada y que se consideraba un “preso político”.
A partir de ese momento, aseguró haber sido trasladado junto a otro detenido a un cuarto donde recibieron golpes en distintas partes del cuerpo, incluidos los genitales.
Campoverde denunció además que él y otro prisionero fueron obligados a realizar actos humillantes bajo amenazas y que los agresores intentaron introducirles objetos en el ano, además de propinarles golpes que, según dijo, le dejaron secuelas físicas permanentes.
El equipo jurídico del dirigente presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por los presuntos delitos de tortura y abuso sexual cometidos por agentes estatales, y solicitó medidas de protección e investigaciones inmediatas.
La Alianza por los Derechos Humanos expresó su preocupación por el caso y sostuvo que refleja un incremento de las denuncias de tortura en Ecuador.
Campoverde, su esposa Gabriela Gallardo, y Carlos Caiza, permanecen encarcelados desde hace cuatro años.
Ellos integran el Movimiento Guevarista, colectivo de izquierda que realiza actividades de formación y capacitación política.
En mayo de 2022 la Policía realizó allanamientos simultáneos en varias provincias de Ecuador y detuvieron a integrantes de la organización a quienes la Fiscalía acusó de presunta trata de personas con fines de reclutamiento para grupos armados irregulares.
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