En acto solemne en el Palacio de Miraflores, sede de Gobierno, la jefa de Estado otorgó la Orden Libertadores y Libertadoras en su primera, segunda y tercera clase a autoridades del Estado, del Ejecutivo y expertos en jurisprudencia que por más de una semana representaron al país en La Haya.
La gobernante señaló que ese juicio ante la CIJ no debió existir “si reivindicamos el Derecho Internacional”.
Subrayó que la República Bolivariana se vio obligada a presentar la verdad histórica y a exponer ante el panel de 15 jueces de la Corte pruebas contundentes, las cuales demuestran que la titularidad histórica de la Guayana Esequiba corresponde a Venezuela.
Rodríguez reflexionó sobre la posición de si Caracas acoge o no la decisión que emane de ese tribunal sobre este caso por la disputa territorial y reafirmó que la delegación política y jurídica fue muy decidida para dejar “muy en claro” que la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción para resolver este caso.
Al intervenir el pasado 11 de mayo ante la CIJ, Rodríguez manifestó que fue creada para resolver conflictos, no para alentarlos.
Reiteró que solo a través de la “solución política y negociada” de la controversia territorial, se hallará el camino para sentar las bases sólidas y estables para la buena vecindad, cooperación, desarrollo económico compartido y la promoción de la inversión segura en la región.
La mandataria encargada fue clara al insistir que no se trata de un “acto de irreverencia frente a esta respetable Corte”, sino de defensa inamovible de los derechos de Venezuela, la legalidad internacional e integridad de la Corte como principal órgano judicial de las Naciones Unidas.
Rodríguez afirmó que Venezuela no podrá nunca avalar la violación del Acuerdo de Ginebra y la legalidad internacional, y resaltó que validar una sentencia que pretenda desconocer un instrumento jurídico en vigor y depositado debidamente en las Naciones Unidas, “iría contra el orden jurídico internacional”.
Entre los condecorados estuvieron el fiscal general de la República Larry Devoe; la procuradora general Arianny Seijo; el canciller Yván Gil; el jefe de la Misión Permanente de Venezuela ante la ONU Jorge Reyes; el embajador venezolano en Francia, Samuel Moncada, así como expertos nacionales y extranjeros en jurisprudencia.
Este equipo de investigación histórica logró recopilar más de tres mil folios con evidencias documentales que demostraron ante la CIJ la nulidad del Laudo Arbitral de París de 1899, defendido por Guyana, y ratificaron la vigencia del Acuerdo de Guayana de 1966, validado por la República Bolivariana.
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