Según el escrito circulado a la prensa, como primera demanda urgente resalta el control y anulación de los contratos de importación y distribución del denominado combustible basura.
Propone al respecto crear una comisión conformada por representantes sociales y un equipo técnico en colaboración científica con la Universidad Mayor de San Andrés para verificar la calidad del combustible importado en los puntos fronterizos antes de su ingreso al país.
Asimismo, sugiere proceder a la rescisión inmediata de contratos con las empresas internacionales proveedoras, si se confirma en frontera que el combustible no cumple los estándares de calidad.
Igualmente, se exige la compensación inmediata por el costo de reparación de los vehículos y maquinarias que resultaron dañados a causa del uso del combustible basura.
Como segundo reclamo, aparece la regulación temporal de obligaciones financieras y el congelamiento temporal de intereses y cargos por mora durante un período de seis meses sobre las obligaciones financieras vigentes de la población (transportistas, artesanos, productores y emprendedores).
Reclaman los campesinos también la abrogación inmediata de un conjunto de decretos supremos (DS) emitidos por el Ejecutivo bajo el argumento de que afectan al sector popular y vulneran la Constitución Política del Estado.
Mencionan entre ellos los que impulsan una minería sin control, perdonan deudas/multas a cooperativas, facilitan la minería en áreas protegidas y provocan la contaminación de ríos, suelos y fuentes de agua con mercurio.
Otro DS rechazado se refiere a la autorización a privados a importar y comercializar diésel y gasolina (lo que catalogan como un camino a la privatización de YPFB), y elimina por un año permisos policiales de control de sustancias, lo cual consideran que impulsa el narcotráfico y la minería ilegal.
Criticado también es el DS 5519, que según la propuesta centraliza el manejo de datos del Estado e interviene redes y comunicaciones digitales sin controles, lo cual vulnera el derecho a la privacidad y la consulta previa a los pueblos indígenas.
Las organizaciones campesinas señalan que el DS 5515 permite al presidente ejercer funciones y suscribir decretos desde el exterior por medios digitales, lo cual vulnera las reglas constitucionales de suplencia presidencial.
Finalmente, piden que se anulen los decretos 5550, 5551 y 5552, los cuales en criterio de las organizaciones firmantes generan un sistema de concentración de poder y elimina el equilibrio y separación de poderes.
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