Nació el 31 de julio de 1978 en Bogotá, aunque su infancia y adolescencia transcurrió en Montería, en el norte del país.

Se licenció en Derecho en la Universidad Sergio Arboleda y luego se convirtió en especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia; especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario; y máster y licenciado en derecho de la Universidad de Nebrija.

Fue uno de los fundadores y líderes de la Fundación Iniciativas por la Paz en 2004, una organización no gubernamental que buscaba otorgar estatus político a los exparamilitares y prohibir la extradición de estas figuras.

Aun cuando la justicia aun no lo confirma, existen denuncias de que la fundación habría servido de plataforma para seleccionar candidatos al Congreso con apoyo paramilitar y que De la Espriella habría participado en el desvío de fondos o sobornos para favorecer intereses de exjefes paramilitares y garantizar impunidad.

Está documentada su admiración hacia esos actores armados que operaban al margen de la ley, entre los cuales está Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar que reconoció su responsabilidad en más de cuatro mil crímenes.

“Mancuso es mi paisano y se echó a espaldas una lucha que debimos haber dado todos los cordobeses. (…) En el lugar de él, yo habría hecho lo mismo”, comentó a la revista Semana en 2008.

Su carrera está ligada a parapolíticos como Jorge Caballero, y Dieb Maloof; a supuestos exitosos empresarios como los hermanos Miguel y Manuel Nule (quienes incurrieron en uno de los escándalos de corrupción más grandes del país), y David Murcia, cuya compañía se apropió ilegalmente de miles de millones de pesos de ahorradores colombianos.

De la Espriella fue el defensor legal durante partes clave del proceso penal de Alberto Santofimio, un exministro de Justicia que fue condenado a 24 años de cárcel como coautor del asesinato del líder político Luis Carlos Galán en 1989.

Según afirmó el ahora candidato, la obligación del abogado es defender las causas, independientemente de consideraciones éticas.

Se apoda a sí mismo con El Tigre durante sus eventos de campaña electoral, y durante sus actos proselitistas se apropió de símbolos que cobijan a todos los colombianos, en cuyo caso está la camiseta de la Selección Nacional de Fútbol.

En 2023 se nacionalizó estadounidense y profesa admiración por el presidente de ese país, Donald Trump, así como por otros polémicos gobernantes de la región.

De llegar a la Presidencia, pondrá en marcha un programa que parece encontrar inspiración en mandatarios de otros países latinoamericanos.

Propone reducir drásticamente el tamaño del Estado colombiano, incluida la eliminación de buena parte de los Ministerios, apunta a una reorganización institucional bajo la premisa de que el aparato público es excesivo, ineficiente y costoso, en una especie de calco de la idea de “motosierra” defendida por el argentino Javier Milei.

Inspirado en el modelo salvadoreño de Nayib Bukele, De la Espriella plantea medidas de mano dura, la construcción de megacárceles, el endurecimiento penal y una ofensiva frontal contra las estructuras criminales.

Aunque ese enfoque suele ofrecer resultados rápidos en percepción de orden, también abre interrogantes sobre garantías judiciales, derechos humanos y proporcionalidad del uso de la fuerza, según comentó a Prensa Latina el periodista colombiano Fernando Arellano.

Advirtió además el comunicador que el ultraderechista proyecta una política exterior fuertemente alineada con Washington.

Su identificación con el trumpismo, su cercanía ideológica con el Partido Republicano y su defensa de una agenda conservadora global sugieren que Colombia podría convertirse en un socio subordinado de la estrategia de la Casa Blanca en la región, remarcó Arellano.

Debido a la nacionalidad estadounidense del candidato, un grupo académicos y constitucionalistas, entre ellos Stella Conto, Álvaro Echeverri, Ramiro Bejarano, Leopoldo Múnera y Rodrigo Uprimny, señalan que el aspirante tendría lo que ellos denominaron como “conflictos de lealtades”.

Concluyeron que “una persona que haya hecho ese juramento para adquirir la nacionalidad estadounidense no puede ser presidente de Colombia, por cuanto existe una incompatibilidad evidente entre las renuncias y obligaciones implicadas en ese juramento y la naturaleza y funciones de la presidencia en Colombia”.

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