Analistas consideran que la medida también podría comprometer el estatus de Coiba como Patrimonio Mundial de la Humanidad y pone en evidencia las deficiencias del sistema penitenciario nacional.
El traslado fue anunciado por el Ministerio de Seguridad como respuesta a vulnerabilidades detectadas en otros centros de reclusión.
La presidenta de la Cámara de Turismo de Mariato, Itzel Rodríguez, señaló que durante la temporada alta unas 200 personas visitan diariamente Coiba, contratando servicios de transporte marítimo, guías turísticos y establecimientos gastronómicos que dependen directamente de esa actividad económica.
Rodríguez subrayó que turistas nacionales y extranjeros llegan atraídos por la biodiversidad del parque y por su reconocimiento internacional. Agregó que las comunidades locales han desarrollado esfuerzos sostenidos para proteger el entorno, promover la pesca responsable y preservar los recursos naturales de la zona.
La dirigente recordó además que los habitantes de la región rechazan cualquier iniciativa que pueda asociar nuevamente a Coiba con su pasado penitenciario. Según afirmó, la población ha trabajado durante años para superar la imagen de la isla como centro de reclusión y consolidarla como destino turístico y científico.
Coiba funcionó como colonia penal entre 1919 y 2004, período durante el cual se registraron numerosos relatos de abusos, fugas y episodios de violencia. Residentes de comunidades cercanas recuerdan que durante décadas convivieron con el temor de encontrarse con reclusos evadidos de la prisión.
Para representantes del sector turístico, el regreso de privados de libertad de alta peligrosidad revive esos temores y crea un escenario incompatible con el desarrollo de la actividad. Rodrigo Báez, de la Cámara de Turismo de Veraguas, afirmó que Coiba es actualmente uno de los destinos más promovidos internacionalmente por Panamá.
La medida también genera inquietud en la comunidad científica. En el Parque Nacional Coiba operan estaciones de investigación administradas por instituciones nacionales e internacionales, cuyos programas podrían verse afectados si aumenta la percepción de inseguridad entre investigadores y estudiantes que realizan trabajos de campo en la isla.
Especialistas advierten además que Panamá recibe cooperación técnica y financiera para la conservación de Coiba mediante diversos convenios internacionales. La continuidad de algunos de esos acuerdos podría verse comprometida si organismos y socios consideran que existen riesgos para la protección ambiental del área.
La controversia se amplificó tras conocerse diferencias entre entidades gubernamentales. Mientras el Ministerio de Seguridad confirmó el traslado de los reclusos a instalaciones del Servicio Nacional Aeronaval, el Ministerio de Ambiente (Miambiente) sostuvo que se oponía a la creación de un centro penitenciario permanente en la isla por razones legales y ambientales.
De acuerdo con MiAmbiente, la condición de patrimonio mundial no estaría en peligro debido a que los privados de libertad permanecerán en infraestructuras ya existentes y no se prevé la construcción de nuevas instalaciones. Sin embargo, persisten interrogantes sobre la duración de la medida y su eventual carácter permanente.
Autoridades locales de la central provincia de Veraguas prevén reunirse para analizar la situación y definir posibles acciones conjuntas. Entretanto, diversos sectores insisten en que el traslado reabre el debate sobre la capacidad del sistema penitenciario panameño para albergar y controlar a reclusos considerados de alta peligrosidad.
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