Según un comunicado divulgado por el Palacio de las Garzas, sede del Ejecutivo, tras la más reciente sesión del Consejo de Gabinete, la iniciativa busca eliminar vacíos legales que limitan una competencia efectiva y establecer penalizaciones económicas directas a las empresas que intenten bloquear la participación de nuevos inversionistas mediante mecanismos de especulación financiera.

Las autoridades explicaron que el marco regulatorio vigente carece de herramientas para impedir que la empresa privada que controla la mayor parte de las acciones de distribución permanezca indefinidamente en el mercado.

Recordaron que durante la licitación de 2013 la distribuidora de turno ofertó un valor de tres mil millones de dólares por acciones valoradas en aproximadamente 300 millones, situación que desalentó la participación de potenciales competidores sin que el Estado pudiera imponer sanciones económicas.

Para corregir esa distorsión, la reforma establece que toda concesionaria que presente ofertas muy por encima del valor de mercado con el propósito de retener el servicio deberá pagar un derecho de concesión directamente al Tesoro Nacional.

Con este cambio, el Ejecutivo pretende promover valoraciones más ajustadas a la realidad y fortalecer la libre competencia en las zonas de distribución eléctrica del país.

El proyecto también incorpora medidas para mejorar la fiscalización de la calidad del servicio, impulsar la electrificación de más de 50 mil familias que aún carecen de suministro eléctrico y optimizar las condiciones de competencia en la generación de energía.

No obstante, las autoridades subrayaron que los cambios no buscan una transformación integral del sistema, con el fin de preservar la estabilidad financiera del sector.

Por su parte, el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, señaló que la propuesta fortalece los mecanismos para exigir el cumplimiento de los estándares de calidad y hacer más efectivo el cobro de penalidades, sanciones y multas a las empresas distribuidoras que incumplan sus obligaciones.

El funcionario indicó que las sanciones económicas deben convertirse en un incentivo real para corregir las deficiencias en la prestación del servicio.

Asimismo, adelantó que la iniciativa contempla ajustes en el esquema de concesiones que regirá a partir de 2028 para ampliar las oportunidades de participación de nuevas empresas en los procesos de adjudicación.

Entre las modificaciones destaca la incorporación del incumplimiento de los estándares de calidad como causal de terminación de los contratos de concesión.

La propuesta surge en medio de cuestionamientos por los recientes apagones y fluctuaciones eléctricas registrados en diversas regiones del país, hechos que han generado reclamos de usuarios y afectaciones en actividades económicas y servicios públicos.

En ese contexto, la reforma establece que los incumplimientos normativos podrán traducirse en reducciones tarifarias aplicadas directamente en las facturas de los clientes afectados.

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