La Comisión de Seguridad Integral del Legislativo, que analiza la propuesta, tiene previsto recibir este miércoles a delegados de la Superintendencia de Bancos y de la estatal Petroecuador.

Previamente, ante esa mesa legislativa, el delegado de la Defensoría del Pueblo, Rodrigo Varela, presentó observaciones al proyecto y señaló que toda respuesta estatal frente a las organizaciones criminales debe mantenerse dentro del marco constitucional para garantizar su sostenibilidad jurídica.

Entre las principales recomendaciones figura modificar el nombre de la propuesta para reflejar que se trata de una reforma a distintos cuerpos legales, entre ellos el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Ley de Extinción de Dominio y el Código Orgánico de la Función Judicial.

La institución también cuestionó la creación de nuevos tipos penales relacionados con el reclutamiento de personas para actividades criminales, la denominada pertenencia funcional y el uso de infraestructura por parte de organizaciones delictivas.

Las observaciones se suman a reparos expuestos la semana pasada por delegadas de la Fiscalía General del Estado ante la misma comisión legislativa.

Las funcionarias que comparecieron sostuvieron que el endurecimiento de las penas propuesto no constituye por sí solo una herramienta eficaz para disminuir la delincuencia y afirmaron que varios artículos carecen de justificación técnico-jurídica suficiente.

Como ejemplo mencionaron la propuesta de sancionar con entre siete y diez años de prisión la paralización injustificada de servicios de distribución de combustibles, una pena similar a la prevista para delitos de mayor gravedad.

La Fiscalía también expresó preocupaciones sobre las reformas relacionadas con la prisión preventiva, al considerar que podrían afectar principios del sistema acusatorio e introducir presiones sobre la independencia judicial.

La denominada Ley Antimafias, que fue presentada por la primera vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), busca ampliar la persecución penal contra financistas, reclutadores, colaboradores y personas que faciliten bienes o infraestructura a organizaciones criminales.

Además, contempla reformas a los delitos vinculados con el tráfico ilegal de combustibles y nuevas disposiciones para jueces y abogados relacionados con procesos de delincuencia organizada.

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