El Comando Nacional de la Campaña Electoral de JP dio los últimos toques a una jornada de plantones y vigilias, en su mayoría nocturnos, en esta capital y en todas las regiones y provincias, según afirma.

Además, informó que, dentro de dos días, se realizará la protesta más importante, con la movilización a Lima de delegaciones de todas las regiones y localidades para participar en una gran concentración.

Las protestas, agrega, serán pacíficas y recogen “la voz indignada de más de la mitad de los peruanos y peruanas que depositaron su confianza en la candidatura de Juntos por el Perú”.

El comunicado denuncia “la falta de transparencia de los organismos que llevan el proceso electoral, el cambio de reglas en pleno proceso electoral, una serie de irregularidades, vicios de nulidad y maniobras político-mediáticas” que atentan contra la voluntad soberana del pueblo peruano.

“El voto ciudadano ha sido deslegitimado y se ha evidenciado la existencia de una clara voluntad corporativa contraria a los intereses de las mayorías”, afirma.

Advierte, además, que JP no aceptará la imposición de “un resultado que no refleje la voluntad popular con absoluta transparencia y sin ninguna duda ni controversia”.

Expresa además su reconocimiento al respaldo masivo recibido en las urnas por un amplio frente democrático en torno a la candidatura de Roberto Sánchez, para el balotaje del 7 de junio.

Afirma que es “expresión del Perú profundo, de las naciones quechuas y aimaras, de las comunidades campesinas, pueblos originarios, trabajadores, jóvenes, mujeres y sectores históricamente olvidados”, cuyo voto no será silenciado sino respetado.

Entre tanto, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, de derecha extrema, obviando la convocatoria pacífica de JP, declaró a la prensa que impedirá el ingreso de quienes solo nombró “los violentos” al Centro Histórico de Lima y lo destruyan, según dijo.

Tal espacio es considerado Patrimonio Histórico de la Humanidad por las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, lo que el municipio de Lima invocó en febrero de 2023, durante grandes protestas para prohibir las marchas y manifestaciones sociales y políticas en en un sector en el que tradicionalmente se realizan estas.

Los críticos de la restricción argumentan que es contraria a la constitución por violar derechos esenciales como los de reunión y libre tránsito.

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