En sesión plenaria la víspera, Gutiérrez, quien es el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto del legislativo, calificó las modificaciones como “muy positivas”.

El diputado afirmó que permitirán a Nicaragua actualizar su legislación y consolidar un alto nivel de cumplimiento con los estándares internacionales promovidos por organismos especializados como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

Señaló que las reformas fortalecen las capacidades institucionales del país para prevenir y combatir delitos financieros cada vez más complejos, en un contexto marcado por el uso de nuevas tecnologías y mecanismos transnacionales para movilizar recursos de origen ilícito.

El legislador también rechazó versiones que, según dijo, pretendían generar preocupación entre los usuarios de servicios financieros tradicionales respecto al alcance de las nuevas disposiciones.

“Los obligados a reportar son y únicamente son aquellas personas naturales o jurídicas establecidas expresamente en la ley”, afirmó.

Aclaró que las obligaciones de reporte recaen exclusivamente sobre entidades y profesionales vinculados a la intermediación financiera y corporativa, entre ellos bancos, financieras, microfinancieras, remesadoras, casas de empeño, casas de cambio, abogados, notarios públicos y contadores.

Asimismo, enfatizó que los ciudadanos que utilizan tarjetas de débito o crédito para operaciones cotidianas no estarán sujetos a mecanismos especiales de fiscalización ni deberán presentar reportes ante las autoridades competentes.

Según explicó, los créditos personales, préstamos productivos, hipotecas y el uso ordinario de instrumentos financieros por parte de la población permanecen al margen de las obligaciones contempladas en la legislación aprobada.

De acuerdo con Gutiérrez, las reformas contribuyen a reforzar la transparencia y la seguridad financiera del país, al tiempo que preservan el normal funcionamiento de las actividades económicas y comerciales de los ciudadanos.

El Parlamento de Nicaragua aprobó por unanimidad reformas y adiciones a cinco leyes vinculadas a la prevención, investigación y sanción del lavado de activos.

El objetivo es reforzar la seguridad financiera, la transparencia y la capacidad institucional frente a los desafíos del crimen organizado y las nuevas tecnologías.

Las modificaciones alcanzan la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y la Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Además, la normativa del Código Penal; el Código Procesal Penal; y la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.

kmg/ybv