Miles de personas se congregaron en la avenida Eloy Canales y sus alrededores, en la ciudad de Rivas (Sur), para participar en el proceso junto a diputados de la Asamblea Nacional (Parlamento) y miembros de la Comisión Especial Constitucional, divulgó el portal El 19 Digital.
En el encuentro estuvieron presentes autoridades políticas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), alcaldes de los municipios participantes, estudiantes, comerciantes, artistas, deportistas, artesanos, emprendedores turísticos y trabajadores, entre otros sectores de la población.
La diputada Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, afirmó que los nicaragüenses tienen la responsabilidad de discutir y aprobar sus propias leyes, sin injerencias externas.
“En Nicaragua somos los nicaragüenses los que discutimos y aprobamos nuestras propias leyes, no permitiremos jamás la injerencia de ningún país externo ni de ninguna organización”, expresó.
Según el reporte, alrededor de 29 personas intervinieron durante la consulta para valorar el desarrollo del proceso y manifestar su respaldo a las modificaciones de la Carta Magna.
Blanca López Ríos, empresaria turística del municipio de San Jorge, manifestó su apoyo a las reformas y evocó las afectaciones que, según dijo, sufrió durante los acontecimientos de violencia política registrados en el país.
Por su parte, María Martha Roa, pobladora del barrio Eduardo Alvarado, en Rivas, expresó su respaldo a la soberanía nacional y a la paz durante el proceso de consulta.
La víspera, habitantes de los municipios de Tola, Belén, Buenos Aires y Potosí, también del departamento de Rivas, participaron en encuentros similares y expresaron su apoyo a las reformas, que consideran vinculadas con la unidad, el progreso y la defensa de la soberanía nacional.
Las modificaciones constitucionales fueron aprobadas en primera legislatura tras 36 días de consultas con distintos sectores del país.
Entre sus disposiciones figura que ninguna ley o normativa de otro Estado, grupo de Estados u organismo internacional tendrá efectos jurídicos en Nicaragua.
El texto también contempla restricciones para optar a cargos públicos a personas que promuevan la injerencia extranjera, soliciten una intervención militar o respalden determinadas acciones contra el país.
Asimismo, establece períodos de siete años para los cargos de elección popular y otros funcionarios electos, designados o ratificados por la Asamblea Nacional, además de las jefaturas del Ejército y la Policía.
La segunda etapa de consultas, enmarcada en el plan “Hay Patria”, prevé llegar a al menos 90 municipios y cabeceras departamentales antes de la discusión y aprobación de las reformas en segunda legislatura, programada para enero de 2027.
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