El parecer fue enviado al Supremo Tribunal Federal (STF) por el procurador general, Paulo Gonet, en respuesta a las acciones que cuestionan la constitucionalidad de la legislación.

Tal normativa fue promulgada por el Congreso Nacional después de que el Senado revocara el veto impuesto por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva a la ley, la cual modifica los criterios de ejecución penal para delitos contra el Estado Democrático de Derecho y podría beneficiar a figuras como el exmandatario Jair Bolsonaro.

La aplicación de la norma permanece suspendida desde mayo por decisión cautelar del ministro del STF Alexandre de Moraes, relator de los procesos presentados por la Federación PSOL-Rede, la Federación PT-PCdoB-PV y la Asociación Brasileña de Prensa (ABI), recordó la Agencia Brasil.

Esas agrupaciones sostienen que la legislación presenta vicios constitucionales y favorece indebidamente a responsables de ataques contra las instituciones democráticas.

Al manifestarse sobre el tema, Gonet argumentó que la ley no puede ser considerada inconstitucional solo porque eventualmente beneficie a personas sentenciadas por los sucesos del 8 de enero de 2023, cuando seguidores de Bolsonaro atacaron los tres poderes del país en un intento por revertir los resultados de las elecciones de 2022.

Según afirmó, la norma no individualiza destinatarios ni está limitada formalmente a esos acontecimientos específicos, a raíz de los cuales el exmandatario cumple una pena de 27 años y tres meses de cárcel.

El jefe de la PGR sostuvo además que no existe evidencia suficiente para concluir que el Congreso actuó con el propósito exclusivo de favorecer a los condenados por la asonada golpista, y rechazó los argumentos que equiparan la legislación con una amnistía encubierta.

A diferencia de la posición de la PRG, el mes pasado la Abogacía General de la Unión sí consideró inconstitucional la norma, al estimar que los atentados contra el orden democrático exigen una respuesta penal firme y proporcional a la gravedad de los hechos.

Con la entrega del parecer de Gonet, el expediente queda en condiciones de ser analizado por el pleno del Supremo, aunque hasta el momento la corte no ha definido la fecha del juicio que determinará si la ley permanecerá vigente o será anulada definitivamente.

ga/mar