Desarrollada en coordinación con el Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado del Ministerio Público, la acción en Río de Janeiro tuvo como objetivo identificar y neutralizar a operadores responsables del movimiento, ocultamiento y lavado de recursos obtenidos mediante actividades delictivas.
Según las investigaciones, la organización contaba con una compleja red financiera utilizada para canalizar fondos destinados a la adquisición de armas de fuego de uso restringido y drogas procedentes del exterior, además de garantizar el funcionamiento logístico de la estructura criminal en varios estados brasileños.
También, expuso agencia Brasil, las pesquisas revelaron la existencia de mecanismos de disimulación patrimonial y transferencia de recursos mediante cuentas personales, empresas de fachada y operaciones financieras destinadas a dificultar el rastreo del dinero por parte de las autoridades.
Por orden de la Justicia Federal fueron ejecutados mandamientos de prisión preventiva, bloqueos de activos financieros, secuestro de bienes y restricciones patrimoniales contra personas investigadas por integrar el esquema.
Igualmente se dispuso la suspensión de actividades económicas de compañías señaladas como instrumentos para el lavado de capitales.
Entre los detenidos figuran presuntos operadores financieros considerados piezas fundamentales en en la administración de los recursos ilícitos de la organización.
Las autoridades sostienen que estos individuos utilizaban cuentas bancarias personales y empresariales para fragmentar movimientos monetarios y efectuar pagos vinculados a las actividades del grupo.
Además, la operación incluyó acciones de cooperación internacional, pues dos investigados fueron localizados y detenidos en Surinam, y posteriormente deportados a Brasil.
De acuerdo con la PF, ambos desempeñaban funciones vinculadas a la logística y la circulación transnacional de recursos de la organización criminal.
Los investigadores estiman que uno de los operadores financieros movilizó más de 150 millones de reales (unos 30 millones de dólares) durante el período analizado, manteniendo conexiones con estructuras utilizadas para la compra de armamento y el financiamiento de actividades ilícitas.
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