De acuerdo con un comunicado del Servicio Nacional de Migración(SNM) , sobre este ciudadano pesaba una orden de captura vigente por diversos delitos.
La entidad precisó que la identificación se produjo mediante una verificación realizada por la Unidad de Perfilamiento y Análisis de Protección Fronteriza, que contrastó información en bases de datos institucionales y mecanismos de cooperación internacional.
Migración indicó que el extranjero era requerido por las autoridades por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, homicidio agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, extorsión y lesiones personales.
La institución no reveló la identidad del ciudadano expulsado ni precisó cuánto tiempo permaneció en el istmo. Tampoco informó dónde fue ubicado ni bajo qué condición migratoria se encontraba en el país.
El caso vuelve a poner atención sobre los mecanismos de control migratorio y el intercambio de información entre países para detectar personas requeridas por la justicia internacional.
Según el SNM, la medida forma parte de las acciones destinadas a impedir el ingreso y permanencia en Panamá de personas vinculadas a actividades delictivas y con requerimientos judiciales vigentes en otros países.
La entidad sostuvo que continuará fortaleciendo los procesos de verificación, análisis de perfiles y cooperación internacional para reforzar los controles de seguridad fronteriza.
En otro informe, el SNM confirmó la expulsión y deportación de 67 extranjeros de nacionalidad colombiana y ecuatoriana, por incumplir la normativa migratoria vigente y representar riesgo para la seguridad nacional.
Del total, 55 son ciudadanos colombianos: 38 fueron expulsados al considerarse una amenaza para la seguridad y el orden público, tras confirmarse sus antecedentes penales vinculados al tráfico internacional de drogas, tráfico ilícito de migrantes, homicidio doloso, posesión de armas, y posesión agravada de drogas.
Otros 17 fueron deportados por infringir disposiciones administrativas establecidas por el Gobierno.
En el caso de los ecuatorianos, siete fueron deportados por faltas a la normativa vigente, mientras que cinco regresaron a su país bajo la figura de retorno voluntario.
Desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert, en esta capital, con destino a Colombia y Ecuador, se realizó el vuelo chárter número 69, enmarcado en el Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y Estados Unidos, que establece mecanismos de cooperación para una gestión migratoria ordenada, segura y conforme a la ley.
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