La medida forma parte de los esfuerzos del gobierno federal para fortalecer la política de educación integral y ofrecer a estudiantes una formación que vaya más allá de la ampliación de la jornada escolar, incorporando dimensiones académicas, sociales, culturales y ciudadanas.

Agencia Brasil agregó que las modificaciones aprobadas establecen nuevas orientaciones para que los sistemas educativos de estados y municipios hagan corresponder sus normativas a las Directrices Operacionales Nacionales aprobadas en 2025.

El objetivo es garantizar una implementación más uniforme de la política educativa en las diferentes regiones del país.

Entre los principales cambios figura la ampliación del plazo para que las redes de enseñanza revisen, actualicen o elaboren las normas que regulan la educación integral.

Las autoridades determinaron que los sistemas de enseñanza tendrán hasta el próximo 1 de julio para adecuar sus reglamentos, mientras que aquellos que aún no cuentan con una normativa específica deberán desarrollarla dentro del mismo período.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, la decisión busca ofrecer más tiempo para la planificación institucional y la adaptación de las redes escolares a las nuevas exigencias pedagógicas y administrativas vinculadas al modelo de enseñanza integral.

En las directrices nacionales se establece que la educación integral debe promover el desarrollo pleno de los estudiantes mediante una propuesta educativa que contemple aspectos cognitivos, sociales, emocionales, culturales y físicos.

Asimismo, orientan a las escuelas a fortalecer la relación con las comunidades, ampliar oportunidades de aprendizaje y articular acciones con áreas como salud, cultura, deporte y asistencia social.

También, el marco normativo reafirma que las matrículas consideradas de tiempo integral deben garantizar una jornada mínima de siete horas diarias o 35 horas semanales, criterio utilizado por el Gobierno brasileño para la expansión de este modelo en la educación básica.

Para expertos, la nueva reglamentación puede contribuir a reducir desigualdades educativas y fortalecer la permanencia de los alumnos en las escuelas, especialmente en territorios socialmente vulnerables.

Las directrices destacan la importancia de la equidad, la diversidad cultural y la participación de las comunidades en la construcción de los proyectos pedagógicos.

Con la actualización de las reglas, las autoridades esperan acelerar la consolidación de la educación integral como una política pública permanente, orientada a mejorar la calidad de la enseñanza y ampliar las oportunidades de desarrollo para millones de niños y jóvenes del gigante sudamericano.

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