Frederiksen precisó que estos centros estarán destinados a personas con solicitudes de asilo denegadas y funcionarán bajo estricto apego al derecho internacional y a los estándares europeos de protección de derechos humanos, afirmaciones muy cuestionadas por organizaciones internacionales que critican la falta de un programa comunitario de atención a indocumentados.

La iniciativa, impulsada por un grupo de Estados miembros con apoyo de la Comisión Europea, busca agilizar las devoluciones y descongestionar los sistemas de acogida del bloque.

Habrá una especie de coalición de voluntarios con el apoyo de la Comisión Europea. En 2026-2027 veremos el primer centro de retorno fuera de Europa, declaró Frederiksen en una entrevista concedida al diario Politiken, donde subrayó que el modelo debe respetar las garantías jurídicas de los migrantes.

La propuesta cobra fuerza en un contexto de endurecimiento migratorio en el continente. La semana pasada, 19 naciones de la UE respaldaron el desarrollo de mecanismos similares al centro que Italia opera en Albania, una experiencia que, según la Comunidad, podría servir de piloto para futuros hubs externos.

Para el analista de migraciones de la Universidad de Copenhague, Thomas Gammeltoft-Hansen, el plan danés refleja una tendencia creciente a externalizar las fronteras europeas, aunque advierte que los obstáculos legales y de supervisión serán enormes, especialmente en materia de derechos humanos y responsabilidad estatal.

El especialista cuestiona si los países receptores garantizarán las condiciones exigidas.

El gobierno danés, conocido por su postura restrictiva en política migratoria, insiste en que los centros serán gestionados con transparencia y bajo supervisión internacional. No obstante, organizaciones defensoras de los refugiados han expresado su temor a que estas instalaciones deriven en «zonas grises» jurídicas donde se vulneren los procedimientos de asilo.

La Comisión Europea, por su parte, evita pronunciarse sobre ubicaciones concretas, pero fuentes comunitarias señalan que el proyecto aún requiere definir acuerdos bilaterales con terceros países.

Si el calendario se cumple, Dinamarca y sus socios podrían materializar antes de 2028 el primer centro de retorno extracomunitario, un hito que redefiniría la gestión de fronteras en el Viejo Continente.

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