La medida, oficializada durante una ceremonia en São Paulo, convierte en política pública permanente el programa Celular Seguro y establece el Banco Nacional de Celulares con Restricción, base de datos que reunirá información sobre aparatos hurtados o extraviados en todo el país.
Según el Gobierno federal, el objetivo es ampliar la integración entre organismos de seguridad pública, empresas de telefonía y otras instituciones responsables del control y monitoreo de dispositivos móviles.
A criterio de autoridades, la comercialización clandestina de celulares constituye uno de los principales incentivos para la comisión de delitos patrimoniales en las grandes ciudades brasileñas.
Durante el acto, Lula destacó la importancia de reducir la circulación de equipos obtenidos de forma ilícita y afirmó que el enfrentamiento a este mercado requiere una acción coordinada entre los distintos niveles de la administración.
También defendió el uso de herramientas tecnológicas con el fin de proteger a la población y fortalecer las acciones de seguridad pública.
El nuevo banco de datos permitirá centralizar registros de aparatos con restricciones y facilitará la identificación de dispositivos vinculados a robos o pérdidas.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la iniciativa busca impedir que esos equipos regresen al mercado mediante ventas irregulares.
También facilitará consultas sobre la situación de determinados teléfonos móviles antes de una compra y ofrecerá mayor seguridad a consumidores y comerciantes, además de reducir la demanda por aparatos de procedencia ilegal.
Originalmente, el programa Celular Seguro fue lanzado para permitir que los usuarios bloqueen rápidamente sus dispositivos en casos de robo o extravío.
Mediante el decreto firmado este martes, recalcó agencia Brasil, la iniciativa pasa a contar con una estructura permanente y nuevos instrumentos de intercambio de información entre organismos públicos y entidades privadas.
Datos oficiales precisan que millones de brasileños utilizan teléfonos inteligentes como principal medio de acceso a servicios bancarios, documentos digitales y plataformas gubernamentales, lo que aumenta los riesgos asociados a este tipo de delitos.
Especialistas estiman que la eficacia del nuevo sistema dependerá de la actualización permanente de la información y de la adhesión de estados, municipios y operadores privados.
No obstante, destacan que la creación de una base nacional unificada representa un paso importante para reducir el mercado ilegal de celulares y desalentar la práctica de robos en el país.
otf/dsa
