El tribunal supremo dejó firme la cautelar que demanda a la Casa Rosada cumplir con lo contemplado en los artículos 5 y 6 de la norma en cuestión, que establecen la actualización, acorde a la inflación, de los salarios y las becas universitarias desde diciembre de 2023 a la fecha.

Así los sueldos recuperarán los niveles previos al recorte, pero no lo que perdieron durante 31 meses consecutivos, cuyo valor se desplomó 55 por ciento, alertaron desde los sindicatos de trabajadores docentes y no docentes.

La Ley fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado el pasado año, pero el Ejecutivo se negó a cumplirla, lo cual obligó al Consejo Interuniversitario Nacional a presentar un reclamo a la Justicia.

Ante el lento avance de la causa, las universidades pidieron una cautelar para que al menos se cumplan los artículos 5 y 6 del texto sancionado por los legisladores. Obtuvieron sendos fallos a favor, sin embargo el Poder Ejecutivo siguió en desacato.

Ahora, este fallo de la Corte Suprema obliga al Gobierno a cumplir con esos puntos hasta que se dirima la cuestión de fondo de la aplicación integral de la normativa.

Mientras las demandas de los docentes y no docentes con el respaldo de las federaciones estudiantiles se dirimían en el laberinto judicial, el 12 de mayo tuvieron lugar múltiples manifestaciones, en particular una gigantesca marcha en defensa de las universidades públicas en la Ciudad de Buenos Aires.

La orden de la Corte Suprema también exige la asignación de los fondos para las Becas Belgrano, un incentivo económico mensual para estudiantes regulares de las consideradas como “carreras estratégicas” que está congelado hace más de dos años, al igual para las Becas Progresar, cuyo monto se devaluó 57 por ciento desde la asunción de Javier Milei.

Faltan aún por resolverse otras cuestiones de fondo como los gastos de funcionamiento, entre ellos los Hospitales Universitarios.

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