El informe preliminar, divulgado tras el análisis de las imágenes registradas por los dispositivos portátiles utilizados por efectivos del Batallón de Operaciones Policiales Especiales, concluyó que el 17,6 por ciento de los uniformados examinados eliminó dichos medios.
Asimismo, los investigadores identificaron indicios de obstrucción deliberada de las grabaciones en el 7,8 por ciento de los casos analizados, lo que compromete la transparencia de la actuación policial y dificulta el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante la incursión.
La Operación Contención fue realizada en octubre de 2025 en los complejos de Penha y Alemão, en la zona norte de Río de Janeiro, con el objetivo de combatir organizaciones criminales que operan en esas comunidades.
Su desarrollo dejó un saldo de 122 personas fallecidas, incluidos cinco policías, y se convirtió en uno de los operativos de seguridad más letales registrados recientemente en el estado.
Dicho estudio fue elaborado por el Grupo de Actuación Especializada en Seguridad Pública del Ministerio Público estadual, encargado de examinar el material audiovisual generado por las cámaras corporales utilizadas por los efectivos desplegados en la operación.
Según el organismo, la investigación continúa y el informe divulgado representa una etapa preliminar del proceso de verificación, por lo que los porcentajes podrían modificarse a medida que avance el análisis de nuevas evidencias.
Los resultados forman parte de las diligencias determinadas por el Supremo Tribunal Federal y la Policía Federal que investigan posibles irregularidades relacionadas con el desarrollo del operativo y el cumplimiento de los protocolos establecidos para el empleo de la fuerza.
El uso obligatorio de cámaras corporales por efectivos policiales ha sido objeto de amplio debate en Brasil durante los últimos años, al considerarse una herramienta para fortalecer la rendición de cuentas, proteger a la población y a los propios agentes, y aportar pruebas objetivas en investigaciones sobre intervenciones policiales.
Sin embargo, las autoridades sostienen que la eficacia de esos dispositivos depende de su utilización continua y del estricto cumplimiento de las normas que regulan su funcionamiento, pues la interrupción de las grabaciones o el retiro de los equipos puede comprometer la reconstrucción de los hechos.
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