La embajadora de la UE en Panamá, Izabela Matusz, explicó que la legislación se encuentra en fase de revisión técnica, un procedimiento considerado determinante para las aspiraciones del país de abandonar la lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal, en la revisión prevista para octubre próximo.

Según precisó la diplomática, la entrada en vigor de la norma marca el inicio de la etapa de fiscalización internacional por parte de las capitales europeas, encargadas de verificar su implementación y cumplimiento.

Durante un encuentro celebrado esta semana en esta capital con el viceministro panameño de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos, la directora general para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Delphine Pronk, reconoció los avances alcanzados por el istmo con la aprobación de la Ley de Sustancia Económica, a la que calificó como uno de los pilares de la agenda nacional.

En esa reunión, Hoyos reiteró la expectativa del Gobierno de que el país pueda salir de las listas fiscales de la UE en octubre, tras la reciente sanción de la normativa.

El pasado 27 de mayo, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 641, que incorpora al Código Fiscal un nuevo capítulo sobre reglas de sustancia económica aplicables a entidades de grupos multinacionales domiciliadas en Panamá que perciban determinadas rentas pasivas provenientes del exterior, entre ellas dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y rentas inmobiliarias.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, afirmó que la iniciativa constituye «una decisión soberana, inteligente y estratégica» para adecuar al país a las nuevas exigencias del entorno económico internacional, preservando al mismo tiempo el principio de territorialidad fiscal.

De acuerdo con el titular, la medida forma parte de la estrategia gubernamental para abandonar listas internacionales que, según las autoridades, no reflejan la realidad económica panameña.

La implementación efectiva de la Ley de Sustancia Económica, junto con la generación de evidencia sobre su cumplimiento y una adecuada divulgación de sus alcances, será determinante para reforzar la reputación internacional de Panamá y respaldar sus aspiraciones de salir de las listas discriminatorias europeas.

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