“Tomen nota, Peña es el enemigo del pueblo, está amenazando con matarnos. Identifiquen dónde anda, dónde vive. Es muy grave, nos está amenazando con matar”, aseguró Morales en su programa dominical de la Radio Kawsachun Coca.

Previamente, el jerarca castrense informó que las Fuerzas Armadas tienen autorización para emplear armas letales como último recurso cuando enfrenten agresiones de la misma magnitud durante los operativos ejecutados bajo el estado de excepción, vigente por 90 días.

Ante esta expresión, el primer exdignatario indígena de Bolivia calificó las afirmaciones del jefe militar como una amenaza contra la población movilizada.

Morales responsabilizó a Peña de cualquier fallecimiento que pueda producirse durante la vigencia del estado de excepción, decretado por el presidente Rodrigo Paz y respaldado por más de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional tras más de 50 días de bloqueos de organizaciones sociales con la exigencia de la renuncia del actual jefe de Estado.

Sostuvo que el jefe de la Séptima División presiona a los comandantes desplegados en el Trópico de Cochabamba para que demuestren fuerza en los operativos contra los movilizados.

El sábado último, Peña informó que los efectivos del Ejército volvieron a realizar patrullajes conjuntos con la Policía en la zona conocida como el Chapare.

Subrayó que, primero, se aplicarán medios disuasivos y antimotines, y según expresó, al arsenal de carácter letal solo se recurrirá cuando exista una agresión que lo justifique.

El oficial pidió comprensión a la ciudadanía y prometió que las Fuerzas Armadas actuarán conforme a las normas vigentes para garantizar el cumplimiento del estado de excepción y proteger a los efectivos movilizados en los operativos.

Sin embargo, Morales y los miles de comunarios que lo protegen en anillos de seguridad en el Trópico de Cochabamba, donde permanece refugiado tras una orden aprehensión vigente desde 2024 por presunto tráfico agravado de personas, recuerdan que en 2019 murieron baleados 37 integrantes de sectores populares en Sacaba, Senkata y el Pedregal tras el derrocamiento del exmandatario el 10 de noviembre de ese año.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) calificó de masacre esas acciones represivas.

Ante la denuncia de Morales, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, por su parte, criticó lo que calificó de “hostigamiento” del exdignatario hacia las Fuerzas Armadas y sostuvo que los militares y policías solo cumplen su trabajo en el contexto del estado de excepción imperante en Bolivia.

nmr/jpm