Poblete se desempeñó como presidente de la Corte de Apelaciones de la ciudad de Copiapó, en la región de Atacama, en tanto Nazal fue director de Inteligencia de la institución armada.

Ambos utilizaron documentos falsos para interceptar las comunicaciones de Mauricio Weibel cuando éste indagaba irregularidades en la compra de armamento en el Ejército, caso conocido aquí popularmente como “milicogate”.

La operación contra el periodista se realizó en 2017 mediante una orden judicial fraudulenta y se mantuvo oculta hasta dos años más tarde, cuando un funcionario narró los hechos de forma anónima a un medio de comunicación, señaló el Diario y Radio de la Universidad de Chile.

Tras dictarse la sentencia, Weibel la calificó como un precedente de gran importancia para la defensa de la libertad de expresión, en tanto su abogada, Karinna Fernández, dijo que “cuando se interviene el teléfono de un periodista, se interviene la democracia misma”.

Los dos encartados recibieron una pena de cinco años de prisión por los delitos de interceptación telefónica ilegal y falsificación de instrumento público.

Sin embargo, el tribunal les otorgó el beneficio de libertad vigilada luego de que ambos reconocieron su culpabilidad.

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