La iniciativa fue apoyada por 140 legisladores, con una abstención, y reemplaza la normativa vigente desde el año 2000, considerada desactualizada frente al avance del crimen organizado transnacional.
La nueva normativa incorpora los resultados de la consulta popular de abril de 2024, que autorizó la extradición de ecuatorianos por determinados delitos, aunque establece que esa disposición no podrá aplicarse de forma retroactiva a hechos cometidos antes del 9 de mayo de ese año.
El marco legal mantiene a la Corte Nacional de Justicia como autoridad encargada de la fase judicial de los procesos, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana canalizará la documentación por la vía diplomática.
Asimismo, establece que tras una detención provisional, el Estado solicitante tendrá 60 días para formalizar el pedido de extradición y, una vez concedida, dispondrá de 30 días para ejecutar el traslado del requerido.
El texto prohíbe la extradición por delitos políticos o cuando la persona pueda enfrentar pena de muerte, tortura o tratos crueles, aunque excluye de esa protección a los casos de terrorismo y crímenes de lesa humanidad.
Durante el debate parlamentario, representantes del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) defendió la reforma como una herramienta para fortalecer la cooperación internacional frente al crimen organizado y reducir los tiempos de respuesta en casos de extradición.
La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) también votó a favor del proyecto, aunque expresó reservas sobre la facultad del presidente para decidir en última instancia sobre las extradiciones.
“Ratificamos nuestro respeto por la democracia y la decisión del pueblo ecuatoriano expresada en la consulta popular respecto de los procesos de extradición (…)Esto no menoscaba nuestra posición indoblegable de rechazo a la instrumentalización de la justicia y la política como herramientas de persecución y proscripción”, afirmó la RC.
En 2024 la mayoría de los ecuatorianos aprobó una reforma que permite la extradición de connacionales y ya varios acusados de delitos transnacionales han sido reclamados por Estados Unidos.
car/avr
