La decisión fue aprobada por unanimidad en sesión plenaria de dicha autoridad, que argumentó la necesidad de garantizar el libre ejercicio del voto en un territorio donde amplias zonas permanecen bajo la influencia de organizaciones criminales armadas.

Dicho pedido será remitido al máximo tribunal, órgano competente para autorizar el empleo de fuerzas federales durante el proceso en las urnas, precisó agencia Brasil.

Si es aprobado, efectivos de las Fuerzas Armadas actuarán en apoyo a la seguridad de los centros de votación y de las operaciones de la Justicia Electoral en distintas zonas del estado.

El presidente del tribunal carioca, Claudio de Mello Tavares, recalcó que la solicitud responde al control territorial ejercido por facciones criminales y grupos armados en numerosas comunidades, especialmente en la región metropolitana de Río de Janeiro.

Según explicó, esa realidad representa un riesgo para la libertad del sufragio y la normalidad del proceso electoral.

A criterio del magistrado, el problema dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una situación estructural en el estado.

Muchos ciudadanos acuden a las urnas en territorios donde la presencia permanente de grupos criminales puede comprometer la libre manifestación de la voluntad popular, manifestó. Por su lado, el gobernador interino de Río de Janeiro, Ricardo Couto, manifestó su respaldo a la iniciativa, mientras la administración estadual considera que la participación de fuerzas federales contribuirá a reforzar las condiciones de seguridad para electores, funcionarios y autoridades responsables de la organización de los comicios.

Autoridades electorales recordaron que Río de Janeiro ha solicitado en procesos anteriores el apoyo de tropas federales para preservar el orden durante las votaciones, debido a los desafíos que plantea la actuación de organizaciones criminales.

Las elecciones generales brasileñas están previstas para el 4 de octubre y definirán al presidente y al vicepresidente del país, los gobernadores, los integrantes de la Cámara de Diputados, dos terceras partes del Senado y las asambleas legislativas estatales.

El balotaje, si es preciso en el caso del Ejecutivo, acontecerá 21 días después de la consulta inicial.

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