El proyecto de ley fue aprobado en primera lectura el martes pasado, con 313 votos a favor, 199 en contra y cinco abstenciones, mientras que un proceso paralelo de petición ciudadana contra esa iniciativa superó esta jornada el medio millón de firmas.

La derecha francesa, incluido el partido Los Republicanos y la ultranacionalista Alianza Nacional, así como otras formaciones progubernamentales, respaldaron el proyecto.

De su lado, las formaciones de izquierda como La Francia Insumisa o el Partido Socialista, estimaron que ello se traduciría en la fórmula “derecho para matar”, al establecer facilidades de presunción de legalidad para el uso de las armas.

Tras su aprobación en la Asamblea Nacional, el proyecto fue remitido al Senado, donde continuará su tramitación legislativa antes de una eventual aprobación definitiva.

La nueva legislación daría la posibilidad a los miembros de la gendarmería de contar con mayor seguridad jurídica en caso de recurrir al uso del arma de fuego en situaciones de peligro, para evitar ser objeto de pesquisas prolongadas cuando actúen conforme a la ley.

Para organizaciones de izquierdas, asociaciones de magistrados y La Liga de los Derechos del Hombre, esa presunción de legalidad debilitaría el control judicial sobre el empleo de la fuerza policial, afirma el canal de televisión France 24.

A su juicio, el texto corre el riesgo de reducir la rendición de cuentas en casos de intervenciones con consecuencias graves o mortales, destaca el medio de difusión galo.

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