En un comunicado divulgado por el Palacio de las Garzas, sede del Ejecutivo, las autoridades sostuvieron que esa narrativa desconoce la realidad, los avances y el proceso de modernización impulsado por la actual administración en el principal enclave comercial del país.

Además, el texto remarca que la ZLC mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier actividad ilícita y denuncia toda conducta que contravenga la legislación nacional.

En la misma línea, la Gerencia General de la ZLC y la Cámara de Comercio de la mayor zona franca de la región calificaron de «falsas, infundadas y lesivas» las afirmaciones contenidas en el informe de Tracit y las declaraciones atribuidas a su director general, Jeffrey Hardy, quien describió a la institución como el «Disneyland del contrabando» y exhortó a las autoridades panameñas a adoptar medidas más enérgicas para combatir ese fenómeno.

Ambas entidades defendieron que las empresas formales establecidas en la zona cumplen estrictamente con las normas vigentes y forman parte de la solución frente al comercio ilegal.

La Cámara de Comercio recordó que las operaciones de la ZLC están sujetas a un amplio marco de supervisión, que incluye la Ley 8 de 2016, el Sistema de Declaración de Movimiento Comercial, los controles de la Autoridad Nacional de Aduanas y del Ministerio de Salud, así como la aplicación de la Ley 23 de 2015 sobre prevención del blanqueo de capitales, con reportes coordinados con la Unidad de Análisis Financiero.

Según esa organización, las empresas instaladas en la zona franca generan empleo, pagan impuestos y aportan millones de dólares al fisco, por lo que consideró irresponsable asociar de forma generalizada sus operaciones con estructuras criminales.

Por su parte, la administración de la ZLC indicó que recibió recientemente a Hardy, acompañado por representantes de Philip Morris International y funcionarios de Aduanas, a quienes mostró los avances en materia de seguridad, entre ellos la instalación de cientos de cámaras de videovigilancia y escáneres donados por la Embajada de Estados Unidos.

Asimismo, precisó que las incidencias vinculadas con actividades ilícitas representan apenas el 0,00042 por ciento de un volumen comercial anual superior a los 25 mil millones de dólares, y recordó que el control de las mercancías que salen hacia los puertos o el territorio nacional corresponde exclusivamente a la Autoridad Nacional de Aduanas.

El presidente de la Cámara de Comercio de la ZLC, Dovi Eisenman, afirmó que las declaraciones de Tracitreflejan un desconocimiento de la realidad actual del principal centro logístico de la región y pidió preservar la seguridad jurídica de quienes invierten de manera lícita en el país.

Tracit presentó el pasado 9 de julio en Panamá el informe Índice de Comercio Ilícito, en el que situó al país en el segundo lugar de Centroamérica, con 49,6 puntos, solo por detrás de Costa Rica, y en la posición 81 entre 158 economías evaluadas.

El estudio señaló a la ZLC como la principal vulnerabilidad del país en la lucha contra el comercio ilícito y recomendó fortalecer los controles sobre ese enclave, regular con mayor rigor las plataformas de comercio electrónico y crear un grupo interinstitucional de alto nivel para enfrentar ese fenómeno.

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