El informe del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que data de hace dos meses, recién fue difundido aquí y señala que la detención de Castillo careció de legalidad.

El exgobernante fue destituido por intentar disolver el Parlamento, en diciembre de 2022, y el informe señala que debe ser liberado e indemnizado, según el derecho internacional.

En una entrevista en la Radio Nacional (del Estado) Balcázar declaró que el documento, que estudiará a fondo, “puede modificar el escenario jurídico, y constitucional de la forma y modo como se puede dar un indulto a un detenido”.

«De tal manera -añdió- que ahí espero que los abogados de todos aquellos que quieren un indulto en el caso, por ejemplo, de Pedro Castillo, que tendrá que analizarse” a la luz del informe-recomendación del grupo de expertos, según el cual, el personaje fue apresado y destituido sin fundamento legal ni constitucional.

Tal pronunciamiento, dijo, servirá a quienes planteen el indulto, pero “tiene que haber un pedido expreso fundamentado de Pedro Castillo, si es que quiere hacerlo”.

Opinó que el informe abonaría al petitorio, lo cual estudiará con el ministro de Justicia, Luis Jiménez, como asesor jurídico del Consejo de Ministros y de la Presidencia y agregó que espera que Jiménez esté a la altura de las circunstancias al analizar el documento mencionado.

El mandatario, agregó que “Yo podría o no podría dar indultos a cualquier condenado o procesado que la ley y la Constitución me autoricen” porque posee esa facultad, aunque tiene solo menos de tres semanas para hacerlo, pues el 28 de julio dejará de ser presidente.

Reconoció que conversó sobre el tema recientemente con el ex candidato presidencial Roberto Sánchez -quien en su campaña electoral levantó la promesa de dar libertad a Castillo-, pero aseveró que fue solo un diálogo que no llegó a conclusiones.

La noticia del informe polarizó opiniones entre quienes afirman que demuestra que Castillo tiene derecho a reclamar su libertad y quienes lo adversan y minimizan que el pronunciamiento de los expertos de las Naciones Unidas y alegan que no es de cumplimiento obligatorio.

El exmandatario cumple una pena de 11 años y cinco meses de cárcel, de la que en diciembre próximo cumplirá cuatro años, por el delito de conspiración para una rebelión, condena contra la cual ha apelado a la Corte Suprema, que analiza el caso.

rc/mrs