Medios locales compartieron la intervención de la líder kichwa de Otavalo en el XIX período de sesiones del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, órgano subsidiario del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que sesiona en Ginebra, Suiza.
Durante su exposición, Terán afirmó que compareció para alertar sobre presuntas violaciones al derecho a la vida, a la organización, la asociación y la participación política de los pueblos indígenas y campesinos de Ecuador.
Según sostuvo, las nacionalidades indígenas enfrentan una política de criminalización y judicialización de dirigentes sociales, así como procesos contra organizaciones, desplazamientos forzados de comunidades ancestrales y restricciones al ejercicio de sus derechos colectivos.
Asimismo, acusó al Gobierno de Daniel Noboa de utilizar instituciones estatales para intimidar y perseguir a líderes sociales mediante acciones como bloqueos de cuentas bancarias y procesos judiciales.
Como ejemplo mencionó el caso del presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), Guido Perugachi.
La exaspirante a la vicepresidencia por el partido Unidad Popular señaló que existen obstáculos para el reconocimiento oficial de organizaciones indígenas, entre ellas la Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), y mencionó dificultades que, según dijo, enfrenta igualmente la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Además, cuestionó las acciones del Gobierno contra la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, al considerar que afectan el desarrollo de la educación intercultural bilingüe.
Terán afirmó igualmente que existe una proscripción política contra organizaciones de oposición y denunció el encarcelamiento de dirigentes y autoridades locales, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien permanece privado de libertad mientras enfrenta un proceso judicial.
Al concluir su intervención, solicitó al mecanismo de la ONU requerir información al Estado ecuatoriano sobre las denuncias presentadas y evaluar su compatibilidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otros instrumentos internacionales.
También, solicitó que se considere una visita oficial al país sudamericano para evaluar la protección de los derechos humanos.
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