El Segundo Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite el habeas corpus presentado por el abogado Walter Ayala, ex ministro de Defensa de Castillo y quien dijo que actuó por iniciativa personal.

Ayala pidió en el recurso la nulidad, por carecer de legalidad, de la detención, la vacancia (destitución) y otras medidas contra el exgobernante y que se proceda a devolverle la libertad perdida en diciembre de 2022, cuando intentó disolver el Parlamento adverso.

En la misma jornada, el ex candidato presidencial Roberto Sánchez criticó al canciller de Perú, Carlos Pareja, por emitir un comunicado en el que desestima un comunicado del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria que forma parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Sánchez afirmo que la actual Cancillería que conduce Pareja, “actúa de manera sesgada” al negar validez jurisdiccional al dictamen del grupo expertos de Naciones Unidas que declara ilegal la captura, pide su libertad y dice que el exmandatario debe ser indemnizado.

El Ministerio de Relaciones sostiene que el citado grupo es solo “una herramienta de supervisión pensada únicamente para fomentar la cooperación y el diálogo” en materia de derechos humanos.

Sánchez sostuvo a su vez que el informe del grupo tiene sustento jurídico y añadió que la reacción contraria al documento obedece a una actitud de odio político y de persecución política.

Denunció que en Perú la justicia ha perdido su independencia porque la Junta Nacional de Justicia (JNJ) -que nombra, evalúa y destituye a jueces y fiscales-, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación han sido copadas por la mayoría congresal conservadora.

El informe del grupo de la ONU es objeto de rechazo de medios de prensa y políticos derechistas que minimizan su importancia.

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